El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y los tres representantes pampeanos votaron en contra

Tras más de cuatro horas de debate y en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos, el Senado de la Nación otorgó este jueves media sanción al proyecto que modifica la Ley de Glaciares (26.639). La iniciativa fue aprobada en general por 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, y ahora será girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento durante el período ordinario.

Los tres representantes de La Pampa en la Cámara Alta –Daniel Bensusán (Unión por la Patria), Daniel Kroneberger (UCR) y Victoria Huala (PRO)– votaron en contra de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

El oficialismo de La Libertad Avanza logró reunir el respaldo de bloques aliados como el radicalismo, el PRO, partidos provinciales y legisladores del peronismo de provincias mineras, entre ellos el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci.

Una reforma con eje en la función hídrica

El proyecto modifica el artículo 1° de la Ley 26.639 para redefinir el alcance de las zonas protegidas. A partir de la nueva redacción, quedarían amparados exclusivamente los glaciares y geoformas periglaciares que “cumplan funciones hídricas”, ya sea como reservas estratégicas o como proveedores de agua para la recarga de cuencas.

Esto implica que no todo el ambiente periglaciar quedaría automáticamente blindado frente a actividades extractivas, sino únicamente aquellas formaciones cuya función hídrica sea comprobada. Esa verificación quedaría en manos de cada provincia, que deberá remitir la información al IANIGLA para actualizar el Inventario Nacional de Glaciares.

El oficialismo sostiene que la reforma introduce mayor precisión científica, incorpora el principio precautorio y mantiene la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para cualquier actividad en zonas glaciales o periglaciales. Además, argumenta que fortalece el federalismo al devolver a las provincias la decisión sobre el uso de sus recursos naturales, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional.

El respaldo del Gobierno y el festejo en los palcos

La aprobación fue celebrada con entusiasmo por altos funcionarios nacionales que siguieron la sesión desde los palcos del recinto, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem.

Desde el oficialismo defendieron la reforma como una herramienta para destrabar inversiones mineras e hidrocarburíferas, en particular en provincias cordilleranas, y aseguraron que “agua y minería no son enemigos”.

En el cierre del debate, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que “cuidar no es prohibir” y planteó que la Argentina no puede resignar el desarrollo por una “falsa dicotomía entre ambiente y economía”. Incluso proyectó que las exportaciones mineras podrían pasar de más de 6.000 millones de dólares en 2025 a 14.000 millones en 2029.

Críticas por “regresión ambiental” y falta de debate

Desde la oposición, en cambio, se denunció que la reforma implica una flexibilización de los estándares de protección y una posible regresión ambiental.

El pampeano Bensusán calificó la iniciativa como una “ley regresiva” en un contexto de crisis climática y advirtió que puede generar “graves perjuicios de contaminación ambiental” para los ríos de la provincia. También cuestionó que las modificaciones fueron incorporadas a último momento y sin debate público.

Kroneberger alertó sobre el impacto que podría tener la reforma en cuencas interjurisdiccionales como la del Atuel y el Colorado. “El agua no reconoce fronteras”, afirmó, al señalar que si se debilita la protección en zonas altas de la cordillera, se pone en riesgo el equilibrio hídrico aguas abajo.

Cabe recordar que el Gobierno de La Pampa ha expresado en reiteradas oportunidades su preocupación por eventuales proyectos mineros en el departamento mendocino de Malargüe que podrían afectar el río Colorado, recurso estratégico para la producción y el consumo en la provincia.

También hubo cuestionamientos de senadores de otras provincias que señalaron la falta de participación ciudadana y posibles vicios de inconstitucionalidad, al considerar que se desnaturaliza el concepto de “presupuestos mínimos” ambientales previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Protestas y tensión fuera del Congreso

La jornada estuvo marcada por incidentes en las inmediaciones del Congreso. Una docena de activistas de Greenpeace fue detenida tras irrumpir en las escalinatas del Palacio Legislativo en señal de protesta contra la reforma.

Además, se registraron episodios de tensión cuando fuerzas de seguridad reprimieron con gas pimienta a manifestantes y a un camarógrafo que intentaba registrar los hechos.

Un debate que recién comienza

Con media sanción en el Senado, la reforma de la Ley de Glaciares ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, donde se anticipa un debate igualmente intenso.

En el trasfondo, la discusión excede lo técnico: enfrenta dos visiones de país. Por un lado, quienes promueven una mayor flexibilización normativa para potenciar inversiones y exportaciones; por el otro, quienes advierten que los glaciares –reservas estratégicas de agua dulce– son un patrimonio ambiental irreemplazable cuya alteración puede tener consecuencias irreversibles.

Para La Pampa, el eje del debate es claro: el agua como recurso estratégico y la defensa de las cuencas compartidas. El resultado en Diputados será clave para definir si la Argentina redefine su política de protección glaciar o mantiene intacto el esquema vigente desde 2010.