La Corte Suprema rechazó una queja del Gobierno nacional y lo obliga a aplicar el financiamiento universitario

El máximo tribunal desestimó la presentación del Poder Ejecutivo Nacional por considerar que el recurso extraordinario no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable. La causa había sido iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros actores contra el Estado nacional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja presentada por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros contra el Estado nacional, vinculada al Decreto 759/25.

La resolución fue firmada este jueves por el máximo tribunal, que concluyó que el recurso extraordinario cuya denegación parcial había dado origen a la presentación directa no cumplía con un requisito central: estar dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, conforme lo establece el artículo 14 de la Ley 48.

De esta manera, la Corte rechazó el planteo impulsado por el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Educación, en su carácter de parte demandada dentro del expediente.

Rechazo a la excusación y continuidad del trámite

En el mismo pronunciamiento, el Tribunal también desestimó el pedido de excusación formulado en la causa. Para ello, remitió a lo ya resuelto el pasado 4 de junio de 2026 en el incidente de recusación con causa correspondiente al mismo expediente.

Con esa decisión, la Corte dejó sin efecto tanto el pedido de excusación como la presentación directa realizada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Además, intimó al recurrente para que, en el ejercicio financiero correspondiente, haga efectivo el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ese pago se encontraba diferido de acuerdo con la Acordada 47/91.

El origen de la causa

El expediente se originó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 y luego tuvo intervención de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La presentación judicial fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros actores contra el Estado nacional, en el marco del debate abierto por el Decreto 759/25.

La queja rechazada por la Corte había sido interpuesta por el Poder Ejecutivo Nacional luego de una denegación parcial del recurso extraordinario. Sin embargo, para el máximo tribunal, la presentación no reunía las condiciones necesarias para habilitar su intervención en esta instancia.

Un fallo con impacto en la disputa entre el Gobierno y las universidades

La resolución se conoce en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, que en los últimos meses mantuvo distintos reclamos vinculados al financiamiento, el funcionamiento institucional y la defensa de la educación pública.

Si bien la Corte no ingresó al análisis de fondo del planteo, el rechazo de la queja representa un nuevo capítulo judicial en la controversia por el Decreto 759/25 y marca un límite procesal para el recurso intentado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Con esta decisión, el máximo tribunal sostuvo que no correspondía avanzar en el tratamiento de la presentación directa, al no estar dirigida contra una sentencia definitiva o equiparable, condición indispensable para la procedencia del recurso extraordinario federal.