La Libertad Avanza consiguió el respaldo del radicalismo, el PRO y bloques provinciales para imponer la reforma laboral
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En una sesión que se extendió por más de quince horas y que estuvo marcada por fuertes cruces políticos, el Gobierno nacional logró este jueves un triunfo contundente en el Senado al aprobar por 42 votos contra 30 el proyecto de modernización laboral, una de las principales apuestas del oficialismo para impulsar la creación de empleo formal en la Argentina.
La iniciativa, considerada estratégica por la administración de Javier Milei, será girada ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a convertirla en ley antes del 27 de febrero, según indicaron fuentes parlamentarias a la Agencia de Noticias Argentinas.
Una mayoría amplia y el respaldo de gobernadores
El oficialismo logró reunir 42 votos positivos que provinieron de La Libertad Avanza (LLA), la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y diversos bloques provinciales como Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico y La Neuquinidad.
El respaldo se distribuyó de la siguiente manera:
20 votos de LLA
10 de la UCR
3 del PRO
2 del Frente de la Concordia Social
2 de Provincias Unidas
1 del Frente Cívico
1 de Independencia
1 de Despierta Chubut
1 de La Neuquinidad
1 de Primero los Salteños
Detrás de ese apoyo legislativo también se alinearon varios gobernadores, entre ellos Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llayora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones), consolidando un esquema de alianzas federales clave para el Gobierno.
En contrapartida, los 30 votos de rechazo fueron aportados por el interbloque peronista —conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero— que reunió 28 voluntades, a las que se sumaron dos legisladores de Santa Cruz.
Una sesión extensa y cargada de tensión
La sesión comenzó a las 11.13 con la presencia de 38 senadores y la votación en general se concretó a la 1.20 de la madrugada. El debate en particular se extendió hasta pocos minutos antes de las 4.
En el tramo final asistieron al recinto figuras centrales del Ejecutivo: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en un gesto político que buscó mostrar cohesión y respaldo institucional.
Qué cambia la reforma laboral
El proyecto aprobado contempla una profunda reconfiguración del esquema laboral argentino.
Entre sus principales ejes se destacan:
Incentivos fiscales para promover el empleo formal.
Topes a las indemnizaciones.
Habilitación de convenios colectivos por empresa.
Creación del banco de horas.
Límites al derecho de huelga en servicios esenciales.
Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires (incluido como anexo).
Autorización exclusiva a entidades bancarias para el pago de sueldos.
Tope del 2% a aportes sindicales y del 0,5% a cámaras empresarias.
Mantenimiento del esquema de financiamiento del INCAA hasta 2028.
Durante la discusión en particular, el oficialismo no aceptó las modificaciones impulsadas por el peronismo. En el capítulo XIV, el senador del PRO Martín Goerling Lara propuso volver al esquema original del Gobierno para que los aportes a gremios y cámaras sean voluntarios. En esa votación el oficialismo obtuvo 40 votos, dos menos que en el resto de los capítulos.
Uno de los puntos más controvertidos fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que financiará despidos con aportes del 1% de las contribuciones de grandes empresas y del 2,5% de las pymes. Incluso la senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, expresó reservas respecto de este instrumento, aunque votó a favor en general.
El cruce ideológico: “legislación obsoleta” vs. “inconstitucional”
El debate dejó expuestas las dos visiones antagónicas sobre el modelo laboral.
La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió con firmeza la iniciativa y sostuvo que la Argentina está atrapada en una “legislación obsoleta” que la mantiene “anclada en el pasado”. Para la dirigente, el crecimiento no depende de expandir el Estado sino de dinamizar el sector privado.
Desde el oficialismo, el senador Juan Cruz Godoy aseguró que el proyecto incorpora herramientas para que “el trabajador se ponga de acuerdo con el empleador” y reduzca “el miedo que tienen los empleadores a contratar por los riesgos de litigios laborales”.
En la vereda opuesta, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “inconstitucional” y advirtió que “va a fracasar”. Sostuvo que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica. “Se tocan 41 leyes, esto no se puede tratar en un día”, cuestionó.
El senador Mariano Recalde también criticó el proyecto al afirmar que “no está pensado para generar trabajo” y sostuvo que retrocede a una lógica “de 1929”, en referencia a la flexibilización de la jornada laboral y el fraccionamiento de vacaciones.
Desde la UCR, la senadora Carolina Losada aseguró que la norma traerá “más inversión, más empresas y mejores jubilaciones”, al ampliar la base de trabajadores registrados y fortalecer el sistema previsional.
El segundo gran test legislativo del año
Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre, la reforma laboral se convierte en la ley más relevante que el Gobierno busca sancionar luego de la Ley Bases de 2024. Para la administración de Javier Milei, esta votación representa no solo un avance legislativo sino una señal política hacia los mercados y el sector empresarial.
Ahora el foco se traslada a Diputados. Si el oficialismo logra repetir la mayoría antes del 27 de febrero, el Gobierno consolidará uno de los pilares de su programa económico y avanzará en la transformación estructural del mercado laboral argentino.
El debate, sin embargo, promete continuar. La reforma ya divide aguas en el Congreso y también en la calle, donde sectores sindicales anticipan resistencias frente a una norma que redefine el equilibrio entre capital y trabajo en la Argentina.
