La Pampa busca adecuar su régimen penal juvenil ante la implementación de la responsabilidad desde los 14 años

El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para adaptar la normativa provincial a la nueva Ley Nacional 27.801, que comenzará a regir en septiembre. La propuesta mantiene la justicia especializada, refuerza las soluciones alternativas y procura garantizar atención en todo el territorio pampeano.

El Poder Ejecutivo Provincial remitió a la Cámara de Diputados de La Pampa un proyecto de ley destinado a adecuar el régimen penal juvenil vigente en la Provincia a las disposiciones establecidas por la nueva Ley Nacional 27.801.

La norma nacional, cuya entrada en vigencia está prevista para septiembre, introduce cambios importantes en el abordaje de los delitos cometidos por adolescentes. Uno de sus puntos centrales es la aplicación del régimen de responsabilidad penal a partir de los 14 años.

Este nuevo escenario obliga a La Pampa a revisar no solamente su legislación, sino también la organización de las instituciones que deberán intervenir en este tipo de causas. El objetivo, según se explicó, es que la implementación pueda realizarse con reglas claras, personal especializado y pleno respeto de las garantías constitucionales.

Cambios en el procedimiento penal para adolescentes

La iniciativa propone modificar la Ley Provincial 3353 de Procedimiento Penal para Adolescentes, además de otras normas relacionadas con el funcionamiento del sistema judicial pampeano.

Pese a las modificaciones que introduce la legislación nacional, el proyecto busca conservar uno de los pilares del modelo provincial: la existencia de una justicia especializada en niñez y adolescencia.

Esto implica que las causas deberán ser abordadas por jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos con capacitación específica, capaces de comprender las particularidades propias de esta etapa de la vida. Al mismo tiempo, se deberá garantizar el debido proceso y el acceso efectivo a la defensa.

La intención es evitar que los adolescentes sean tratados bajo los mismos criterios utilizados para los adultos, reconociendo que se encuentran en pleno desarrollo y que cualquier intervención estatal debe contemplar su edad, su historia personal y su contexto familiar y social.

Alternativas al proceso y participación de las víctimas

Otro de los aspectos destacados es el fortalecimiento de las soluciones alternativas al proceso penal. Estas herramientas buscan que determinados conflictos puedan abordarse mediante respuestas diferentes a la judicialización tradicional, siempre que las características y la gravedad del caso lo permitan.

Dentro de ese esquema podrán adquirir mayor relevancia las medidas restaurativas, los acuerdos y otras instancias orientadas a que el adolescente comprenda las consecuencias de sus actos y asuma responsabilidades.

El proyecto también procura ampliar la participación de las víctimas, para que puedan ser escuchadas, reciban información sobre el desarrollo de la causa y tengan un lugar dentro de los mecanismos previstos para la resolución de los conflictos.

Separar lo penal de la protección de derechos

La propuesta establece una diferenciación más clara entre las cuestiones estrictamente penales y aquellas relacionadas con la protección integral de derechos o la salud mental.

Así, una situación de vulnerabilidad social, familiar o sanitaria no deberá resolverse como si fuera un problema penal. Estos casos continuarán bajo la intervención de los organismos especializados correspondientes, con herramientas adecuadas para brindar asistencia, contención y acompañamiento.

Esta separación apunta a evitar que el sistema penal sea utilizado para responder a problemáticas que requieren políticas sociales, sanitarias o de protección de derechos.

Una justicia especializada en todo el territorio

La adecuación normativa también contempla avanzar hacia una organización descentralizada. La intención es que la justicia penal juvenil especializada no quede concentrada únicamente en las principales ciudades, sino que pueda tener presencia y capacidad de intervención en todo el territorio pampeano.

La cercanía territorial aparece como un aspecto especialmente importante en una provincia extensa como La Pampa. Contar con operadores capacitados en las distintas circunscripciones permitiría ofrecer respuestas más rápidas y reducir las dificultades que generan las distancias para los adolescentes, sus familias y las víctimas.

Un proyecto elaborado con diferentes sectores

El texto enviado a la Legislatura fue preparado a partir de los aportes realizados por el Superior Tribunal de Justicia y de consultas con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y diferentes organismos del Poder Ejecutivo.

También participaron la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, integrantes de la Cámara de Diputados y especialistas del ámbito local.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca llegar a septiembre con una legislación actualizada y adecuada a la realidad pampeana. La propuesta deberá ahora ser analizada por la Legislatura, donde comenzará el debate sobre los cambios institucionales y procesales necesarios.

Desde el Ejecutivo sostienen que la transformación no debe limitarse a modificar artículos. El desafío será construir un sistema con mayor especialización, presencia territorial y herramientas capaces de intervenir ante conflictos penales que involucren a adolescentes, sin perder de vista sus derechos ni la situación de las víctimas.