La Pampa presentó una cautelar urgente ante la Corte Suprema por el incumplimiento del Gobierno nacional en el financiamiento previsional
- La Pampa
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El Gobierno de La Pampa presentó una medida cautelar urgente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir que el Estado nacional cumpla con sus obligaciones legales en materia previsional, luego de casi un año sin recibir los aportes establecidos por el Pacto Fiscal de 1999 y la Ley N° 27.260.
Desde el 10 de diciembre de 2023, fecha en la que asumió la actual administración nacional, se produjo un corte total de los aportes que deben enviarse a la Provincia para financiar el déficit del sistema previsional pampeano, lo que generó una situación inédita en el país. “Ningún gobierno anterior tuvo una actitud semejante”, señalaron fuentes oficiales, calificando la conducta del Ejecutivo nacional como “violatoria de las leyes previsionales vigentes”.
La Provincia sostiene el sistema con fondos propios y municipales
Ante la falta de transferencias nacionales, el Instituto de Seguridad Social (ISS) ha sido sostenido desde entonces por recursos del Gobierno provincial y, en menor medida, por aportes de los municipios.
Solo durante el año 2025, el Presupuesto provincial destinará 145 mil millones de pesos —sin actualización— para cubrir los haberes jubilatorios, de los cuales el 11 % proviene de las arcas municipales.
Este esfuerzo extraordinario, según indicaron las autoridades, pone en riesgo el equilibrio de las finanzas pampeanas y obliga a la Provincia a reordenar sus partidas presupuestarias para evitar el colapso del sistema.
Proyecto de Ley para garantizar salarios, jubilaciones y aguinaldos
En paralelo, el Poder Ejecutivo Provincial envió a la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos esenciales del Estado: el pago de salarios, jubilaciones, aguinaldos y servicios básicos como salud, educación y asistencia alimentaria.
El texto busca autorizar de manera excepcional hasta el 31 de diciembre la reestructuración y utilización de partidas presupuestarias, exclusivamente para estos fines, como herramienta transitoria frente a la crisis provocada por el incumplimiento nacional.
“El objetivo es asegurar que ningún pampeano ni pampeana vea afectados sus derechos por la desatención del Gobierno nacional”, expresaron desde Casa de Gobierno.
Una situación financiera crítica y sin precedentes
Las autoridades del Instituto de Seguridad Social de La Pampa recordaron que, desde la asunción de la actual gestión nacional, no se realizaron los adelantos mensuales ni la auditoría ni el pago del déficit anual, como ordena el Pacto Fiscal de 1999.Además, el Gobierno nacional eliminó los artículos del Presupuesto 2023 —vigente todavía en 2025— que ratificaban dicha obligación.
Como consecuencia, la Provincia se vio obligada a suplir esos fondos con recursos propios, sumando a ello el impacto de la recesión económica y la caída en la recaudación. A la vez, debió asumir los costos de obras públicas paralizadas o incumplidas por Nación, con recursos locales.
Pese a esta adversidad, el Gobierno pampeano mantiene una economía ordenada y ha garantizado la continuidad de todas las prestaciones públicas. No obstante, los ingresos estimados para 2025 —1,74 billones de pesos— representan una caída del 12 % respecto al presupuesto aprobado, lo que evidencia la gravedad de la situación.
Reclamo ante la Corte Suprema y advertencia sobre el Presupuesto 2026
La presentación judicial busca que la Corte Suprema ordene al Estado nacional cumplir de inmediato con los aportes previsionales que le corresponden, para evitar un mayor deterioro de las cuentas provinciales.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo provincial anticipó que si la situación no se corrige, el incumplimiento de Nación impactará directamente en la distribución de recursos del Presupuesto 2026, que próximamente será enviado a la Legislatura.
“Estamos ante un abandono injustificado del Estado nacional hacia las provincias que cumplen. La Pampa no dejará de defender su autonomía, su equilibrio financiero y, sobre todo, los derechos de sus trabajadores y jubilados”, señalaron fuentes oficiales.
