La VTV cambia para siempre: talleres mecánicos podrán realizar las revisiones y se extienden los plazos de control

El Gobierno nacional ratificó una profunda reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO), una medida que promete cambiar por completo la manera en que millones de automovilistas realizan este trámite en todo el país. La iniciativa contempla la incorporación de talleres mecánicos, concesionarias e importadores como nuevos actores habilitados para efectuar las inspecciones, además de ampliar los plazos entre controles y eliminar restricciones que, según el Ejecutivo, limitaban la competencia.

La confirmación llegó luego de que el Gobierno rechazara formalmente los reclamos presentados por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (CATRAI) y casi una treintena de empresas vinculadas al sector. La decisión quedó plasmada en el Decreto 139/2026, publicado en el Boletín Oficial, que dejó firme la reforma impulsada originalmente mediante el Decreto 196/25.

La medida fue respaldada públicamente por el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, quien anunció además la apertura del registro para que talleres mecánicos particulares puedan solicitar la habilitación correspondiente.

"A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV. Fin", expresó el funcionario a través de sus redes sociales.

Los principales cambios que llegan al sistema

La reforma introduce modificaciones de gran alcance que impactarán directamente sobre los propietarios de vehículos particulares.

Entre los cambios más relevantes figura la extensión de los plazos para realizar las inspecciones técnicas. A partir de la nueva normativa, los vehículos cero kilómetro deberán efectuar su primera revisión recién a los cinco años desde su patentamiento, cuando anteriormente el control se exigía a los tres años.

Asimismo, los automóviles con hasta diez años de antigüedad pasarán a realizar la revisión cada dos años en lugar de hacerlo anualmente, como ocurre actualmente en muchas jurisdicciones.

Otro de los aspectos centrales es la apertura del mercado. Las autoridades jurisdiccionales ya no podrán limitar la cantidad de establecimientos habilitados ni fijar tarifas mínimas o máximas para la prestación del servicio.

De esta manera, además de las tradicionales plantas verificadoras, podrán intervenir concesionarias oficiales, importadores y talleres mecánicos que cumplan con los requisitos técnicos, administrativos y de equipamiento establecidos por la normativa.

El fin de la exclusividad

Hasta ahora, la realización de la VTV o RTO estaba concentrada en centros específicamente autorizados para ese fin, lo que generaba en muchos casos largas demoras para conseguir turnos, especialmente en grandes centros urbanos.

Desde el Gobierno sostienen que la apertura del sistema permitirá aumentar la oferta de establecimientos habilitados, reducir tiempos de espera y generar una mayor competencia entre prestadores.

La inscripción para los talleres mecánicos interesados ya se encuentra habilitada y permitirá ampliar considerablemente la red de lugares donde los conductores podrán realizar el trámite obligatorio.

Sin embargo, las autoridades deberán definir los mecanismos de fiscalización, los estándares de calidad, los controles periódicos y las exigencias técnicas que deberán cumplir los nuevos prestadores para garantizar que las revisiones mantengan los niveles de seguridad exigidos hasta la actualidad.

El rechazo al reclamo empresarial

La CATRAI y las empresas que impulsaron la presentación judicial habían solicitado frenar la reforma argumentando que los cambios podrían afectar la seguridad vial y comprometer la independencia de las inspecciones.

Entre sus principales cuestionamientos señalaron que la extensión de los plazos de control carecía de fundamentos técnicos suficientes y advirtieron sobre posibles conflictos de intereses al permitir que concesionarias inspeccionen vehículos que ellas mismas comercializan.

No obstante, el Gobierno rechazó esos planteos y defendió la iniciativa argumentando que los vehículos modernos incorporan mayores estándares tecnológicos y de seguridad que justifican controles menos frecuentes.

Según la postura oficial, exigir revisiones con la misma periodicidad que años atrás representa actualmente una carga burocrática innecesaria para los propietarios.

La explicación oficial sobre la seguridad vial

Otro de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para sostener la reforma está vinculado a las causas de los siniestros viales.

Según explicó el Gobierno, diversos estudios internacionales muestran que la mayoría de los accidentes de tránsito se producen por factores humanos, como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o drogas, las distracciones al volante y el incumplimiento de las normas de circulación, más que por desperfectos mecánicos de los vehículos.

Además, la administración nacional destacó que en numerosos países desarrollados, incluidos varios integrantes de la Unión Europea, no existe exclusividad para realizar este tipo de inspecciones, permitiéndose que talleres y empresas de mantenimiento participen del sistema siempre que cumplan con protocolos de calidad y controles estatales.

En ese sentido, el texto oficial sostiene que la objetividad de las verificaciones debe garantizarse mediante procesos de fiscalización eficientes y no mediante restricciones que actúan como barreras de ingreso para nuevos prestadores.

Más competencia y libre fijación de precios

Otro de los puntos destacados por la reforma es la eliminación de las restricciones sobre los valores del servicio.

Desde el Gobierno consideran que la libre negociación entre talleres y usuarios permitirá generar precios más competitivos y adecuados a la realidad del mercado.

La intención oficial es que el aumento de la oferta contribuya naturalmente a moderar los costos para los automovilistas, promoviendo una competencia similar a la existente en otros sectores de servicios.

Sturzenegger celebró la medida

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la ratificación de la reforma y aseguró que permitirá introducir mayor racionalidad en el sistema.

A través de sus redes sociales sostuvo que la medida permitirá que las verificaciones técnicas puedan realizarse en concesionarias, talleres mecánicos habilitados y también en establecimientos que actualmente realizan controles para vehículos de carga.

Para el funcionario, el nuevo esquema generará una mayor oferta de servicios y acercará el sistema argentino a los modelos utilizados en otros países.

Menos burocracia para vehículos modificados

La reforma también incorpora una simplificación administrativa para los vehículos que hayan sido modificados.

En este aspecto, se eliminó el denominado Informe de Configuración de Modelo (ICM), un requisito que debía tramitarse previamente para validar determinadas modificaciones realizadas sobre los vehículos.

Con el nuevo esquema, la responsabilidad recaerá directamente sobre el profesional matriculado que certifique las reformas efectuadas, eliminando un paso administrativo adicional.

Según el Gobierno, esta decisión permitirá reducir costos y agilizar trámites para los propietarios sin afectar los controles de seguridad posteriores.

La reforma marca un punto de inflexión en el sistema de revisión técnica vehicular argentino. Mientras el Gobierno la presenta como una medida destinada a reducir burocracia, abaratar costos y aumentar la competencia, sectores vinculados a las actuales plantas verificadoras mantienen sus cuestionamientos y advierten sobre posibles riesgos. Lo cierto es que, de implementarse plenamente, el nuevo esquema cambiará la forma en que millones de conductores cumplirán con uno de los requisitos obligatorios para circular en todo el territorio nacional.

Fuente : NA