Milei salvó la ley, pero perdió la tierra y el fuego: una media sanción con sabor a retroceso

El oficialismo consiguió aprobar en el Senado una versión recortada del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Para evitar una derrota, debió retirar las reformas a las leyes de Tierras Rurales y de Manejo del Fuego, dos de las principales apuestas de Federico Sturzenegger. El Gobierno celebró la votación, pero el resultado dejó al descubierto sus límites parlamentarios y el creciente poder de los gobernadores y bloques dialoguistas.

El Gobierno obtuvo la fotografía que necesitaba, pero no logró conservar la ley que había enviado al Congreso. Después de casi doce horas de debate, el Senado otorgó media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 37 votos a favor y 33 en contra. Sin embargo, detrás de ese resultado favorable quedó una evidencia difícil de disimular: para evitar una nueva derrota, La Libertad Avanza tuvo que retirar dos de los capítulos más importantes y controvertidos de la iniciativa.

Primero fue la modificación de la Ley de Tierras Rurales, que abría la puerta a una mayor participación extranjera en la propiedad del territorio argentino. Luego cayó el capítulo referido a la Ley de Manejo del Fuego, cuestionado porque flexibilizaba las restricciones para cambiar el uso productivo o inmobiliario de superficies afectadas por incendios.

De esta manera, la iniciativa originalmente diseñada por Federico Sturzenegger quedó reducida, en su núcleo sustancial, a las reformas sobre expropiaciones y a la aceleración de los procesos de desalojo. El oficialismo consiguió la media sanción, pero debió dejar en el camino buena parte de su ambición inicial. La propia Patricia Bullrich lo resumió sin demasiados rodeos: “Salió el 50% de la ley”. El Senado confirmó oficialmente la eliminación de ambos capítulos.

Una victoria formal y un retroceso político

En términos parlamentarios, el Gobierno puede presentar el resultado como una victoria. Consiguió aprobar el proyecto en general, mantuvo unidos a sus legisladores y reunió el respaldo de sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales. Además, evitó que una iniciativa emblemática del programa libertario terminara rechazada en el recinto.

Pero una lectura política más profunda muestra otro escenario. El oficialismo no condujo la discusión: reaccionó ante ella. No logró imponer el texto original, no pudo convencer a los aliados sobre los capítulos más polémicos y terminó retirándolos cuando advirtió que serían derrotados durante la votación en particular.

La diferencia no es menor. Una cosa es negociar modificaciones para mejorar una ley y otra muy distinta es desarmar sus puntos centrales sobre la hora para impedir que el tablero marque una derrota. El Gobierno salvó el título del proyecto, aunque perdió parte de su contenido.

La media sanción también ratificó una realidad que acompaña a Javier Milei desde el comienzo de su gestión: La Libertad Avanza puede iniciar los debates, pero necesita de gobernadores y fuerzas dialoguistas para terminarlos. Cada votación importante obliga al oficialismo a construir una mayoría que no le pertenece y que puede desarmarse frente a conflictos territoriales, ambientales o electorales.

El fuego dejó de ser un asunto técnico

El capítulo sobre Manejo del Fuego era presentado por el Gobierno como una corrección destinada a evitar que los propietarios perjudicados por un incendio fueran “castigados dos veces”. El argumento oficial sostenía que, además de perder parte de sus campos, debían soportar durante décadas limitaciones para disponer de esas tierras.

La objeción opositora planteó exactamente lo contrario. Las restricciones vigentes no fueron creadas para castigar a las víctimas, sino para desalentar incendios intencionales destinados a liberar terrenos y cambiar posteriormente su uso económico.

La legislación actual establece prohibiciones temporales sobre la venta, subdivisión y transformación de superficies incendiadas. En las zonas agropecuarias, pastizales y humedales, esas restricciones pueden extenderse durante treinta años. El objetivo es quitarle rentabilidad a cualquier maniobra especulativa asociada al fuego. Así lo establece el texto actualizado de la Ley 26.815.

Por eso, la discusión desbordó rápidamente el lenguaje jurídico. En provincias que padecieron incendios de enorme magnitud, la posibilidad de flexibilizar esas protecciones fue interpretada como un riesgo ambiental y territorial. Los gobernadores comprendieron que acompañar la reforma podía tener un costo político muy superior al beneficio de mantenerse alineados con la Casa Rosada.

El oficialismo volvió a cometer un error que ya había quedado expuesto con la Ley de Tierras: subestimó la carga simbólica de los temas que estaba llevando al Congreso. La tierra y el fuego no son dos capítulos administrativos. Remiten a la soberanía, los recursos naturales, el acceso al agua, la producción y la posibilidad de que grandes intereses económicos avancen sobre territorios estratégicos.

Los aliados marcaron el límite

La sesión también dejó una señal importante para la oposición dialoguista. El Gobierno puede contar con sus votos, pero no dispone de ellos de manera automática. Radicales, representantes del PRO y legisladores vinculados a mandatarios provinciales acompañaron buena parte del proyecto, aunque se negaron a aceptar los capítulos más conflictivos.

Ese comportamiento les permitió ocupar un lugar político propio: respaldaron la defensa de la propiedad privada, pero evitaron quedar asociados a la extranjerización de tierras y a una flexibilización ambiental difícil de explicar en sus provincias.

Para el peronismo, el retiro de ambos capítulos representó un triunfo parcial. La presión legislativa y la movilización social lograron frenar dos reformas que parecían encaminadas. Sin embargo, la oposición no consiguió rechazar la totalidad del proyecto. Permanecieron en pie cambios que también generan fuertes cuestionamientos, especialmente en materia de desalojos y expropiaciones.

La jornada, por lo tanto, no dejó ganadores absolutos. El Gobierno salvó una ley debilitada; la oposición frenó sus artículos más sensibles, pero no logró bloquear el resto; y los bloques provinciales confirmaron que seguirán siendo los árbitros de las grandes discusiones parlamentarias.

Lo que todavía permanece en juego

Sería un error concluir que, al caer los capítulos sobre tierras y fuego, la iniciativa perdió toda relevancia. Las reformas que sobrevivieron pueden producir consecuencias concretas.

En materia de expropiaciones, el proyecto busca establecer una interpretación más restrictiva de la utilidad pública, exigir mayores fundamentos al Estado y reforzar el pago de indemnizaciones. Para el oficialismo, esto representa seguridad jurídica y protección frente a decisiones arbitrarias. Para sus críticos, puede convertirse en un obstáculo para obras públicas, planes de urbanización o políticas destinadas a recuperar bienes estratégicos.

El régimen de desalojos también abre una discusión sensible. La propuesta impulsa procedimientos sumarísimos para acelerar la restitución de inmuebles. Los propietarios reclaman desde hace años respuestas judiciales más rápidas ante usurpaciones, incumplimientos o alquileres impagos. Del otro lado, organizaciones sociales y especialistas advierten que reducir plazos y defensas puede afectar a familias vulnerables, inquilinos endeudados y ocupantes que atraviesan conflictos habitacionales complejos.

Aquí aparece una contradicción que la retórica oficial intenta simplificar. Defender la propiedad privada es una obligación constitucional, pero garantizar ese derecho no elimina la necesidad de respetar el debido proceso ni resuelve el creciente problema del acceso a una vivienda. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre los derechos del propietario y la protección frente a desalojos arbitrarios. Presentar cualquier discusión como una pelea entre propietarios honestos y delincuentes impide abordar la verdadera dimensión social del conflicto.

El método Sturzenegger, bajo discusión

El resultado también representa un llamado de atención para Federico Sturzenegger. Su estrategia suele consistir en reunir modificaciones profundas y diferentes entre sí dentro de grandes paquetes de desregulación. Esa metodología puede resultar efectiva para acelerar decisiones dentro del Poder Ejecutivo, pero encuentra mayores resistencias cuando atraviesa el Congreso.

Colocar en una misma iniciativa expropiaciones, desalojos, tierras rurales y manejo del fuego permitió al Gobierno instalar una bandera general: la defensa de la propiedad privada. Sin embargo, también facilitó que la oposición denunciara una nueva ley ómnibus y que distintos sectores sociales confluyeran contra ella por motivos diferentes.

El Senado terminó haciendo lo que el Ejecutivo había evitado desde el comienzo: separar las discusiones. La extranjerización de tierras y las restricciones posteriores a los incendios demostraron tener una complejidad política, federal y ambiental que no podía resolverse bajo una consigna genérica.

Una ley que llega debilitada a Diputados

La iniciativa ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados. Allí el Gobierno cuenta con una capacidad de negociación diferente, pero tampoco tiene garantizado el resultado. Si Diputados introduce nuevos cambios, el texto deberá regresar al Senado.

La Casa Rosada intentará convertir la media sanción en una prueba de avance reformista. Milei ya celebró públicamente la votación y seguramente insistirá en que el Congreso comenzó a reconocer el valor de la propiedad privada. La oposición, en cambio, mostrará el retiro de los capítulos sobre tierras y fuego como una demostración de que el oficialismo puede ser obligado a retroceder.

Ambos relatos contienen una parte de verdad. El Gobierno aprobó una ley, pero no la ley que quería. La oposición impuso límites, aunque no pudo detener toda la reforma.

La conclusión política es más incómoda para el oficialismo que el resultado numérico. Milei conserva iniciativa, capacidad de presión y una fuerza parlamentaria que creció, pero todavía no puede transformar cada una de sus ideas en ley sin negociar. Y cuando la discusión toca la tierra, el ambiente o los intereses concretos de las provincias, la consigna libertaria choca con una realidad federal que no se modifica por decreto.

El Senado dejó una enseñanza sencilla: en democracia, retirar un capítulo también es una forma de perder una votación. La diferencia es que esa derrota no siempre aparece reflejada en el tablero.

AXEL JUNCOS