“Mis hijos quieren volver conmigo y nadie los escucha”: la angustia de una madre por la restitución de sus hijos trasladados a San Luis

El drama de Gisela Giménez pone en evidencia las fallas del sistema de protección infantil y la falta de respuesta judicial ante los pedidos de los menores.

Gisela Giménez, madre piquense de dos niños de 8 y 10 años, vive una situación desesperante tras la separación forzosa de sus hijos, quienes fueron trasladados a Anchorena, San Luis, luego de una denuncia por presunto maltrato. La mujer asegura que sus hijos quieren volver a vivir con ella en General Pico, pero afirma que “nadie los escucha”.

“Estoy angustiada, desesperada. Mis hijos están siendo usados en un conflicto que no es de ellos”, expresó Gisela en una entrevista con el portal EBDT, con lágrimas en los ojos. Aunque la Justicia no le impuso restricciones para comunicarse con ellos, denunció que la tía paterna –quien los tiene actualmente bajo su cuidado y fue quien presentó la denuncia– no le responde los mensajes ni facilita el contacto.

La causa se inició cuando uno de los niños fue visto con moretones en la escuela. La tía paterna, con quien Gisela mantiene un prolongado conflicto familiar, presentó la denuncia poco después de que la Justicia obligara al padre de los menores a cumplir con la cuota alimentaria. “Mi hijo tenía pantalón corto, jugaba al fútbol, andaba en bici, es un nene... De ahí salió la denuncia”, explicó la madre.

Tras la intervención de la policía y de personal de Niñez, se dispuso el traslado de los niños. Gisela relató que en una entrevista el menor habría dicho que alguna vez recibió un chirlo, algo que, según la madre, fue una respuesta general, no vinculada al presente ni al hecho denunciado. “Como cualquier mamá que alguna vez reta a su hijo”, aclaró.

Durante cuatro meses, la mujer vivió un calvario: no obtenía respuestas ni en General Pico ni en San Luis. “Me decían que el caso era de allá, pero allá nadie me atendía. No sabía nada de mis hijos”, confesó. Recién con la intervención de un abogado particular pudo reactivar el caso, lo que permitió que comenzaran los contactos supervisados, como videollamadas y encuentros presenciales.

Durante las vacaciones de invierno, cuando los niños visitaron General Pico, uno de ellos volvió a presentar moretones. Siguiendo el protocolo, Gisela lo llevó al médico, quien le realizó estudios completos y no halló signos de maltrato. “El nene dijo que no sabía cómo se los hizo. Jugando, tal vez”, relató. A pesar de eso, la tía volvió a realizar una nueva denuncia.

Ya vencido el plazo legal de 90 días para resolver la restitución, el proceso fue nuevamente postergado. Mientras tanto, uno de los hijos expresó abiertamente su deseo de regresar con su mamá. “Lloró frente a la asistente social. Dijo que no quería quedarse más en Anchorena. ¿Por qué no lo escuchan?”, se preguntó Gisela con impotencia.

La mujer asegura que cumplió con todos los requisitos judiciales: exámenes médicos, entrevistas, informes psicológicos y seguimientos. Incluso pidió que le tomaran huellas para comprobar que ella no fue quien provocó los moretones en su hijo. “¿Qué más tengo que hacer?”, se lamentó.

“Mis hijos ya dijeron que quieren volver conmigo y con su papá a Pico. Pero nadie los escucha. Nadie”, concluyó Gisela, devastada por la falta de respuestas.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa las deficiencias de un sistema judicial que, según denuncian muchas familias, a veces actúa más por formalidades burocráticas o conflictos adultos que por escuchar lo más importante: la voz de los niños.

Fuente EL DIARIO digital