Peajes en La Pampa: tres proyectos abren el debate sobre quiénes pagarán y cómo se administrará la recaudación

La Comisión de Hacienda y Presupuesto comenzará a analizar las propuestas del Ejecutivo, del radical Hipólito Altolaguirre y de legisladores del Frejupa. El impacto del transporte hacia Vaca Muerta impulsa la discusión, que tendrá dos puntos sensibles: la administración de los fondos y los criterios para determinar qué vehículos deberán abonar.

El debate por el cobro de peajes en las rutas provinciales llega a una instancia clave en la Legislatura pampeana. La Comisión de Hacienda y Presupuesto comenzará a estudiar tres proyectos que buscan generar recursos para sostener la red vial, frente al crecimiento del tránsito pesado y al desgaste que provoca sobre el pavimento.

Las iniciativas comparten una preocupación: cómo financiar el mantenimiento de rutas por las que circula una cantidad creciente de camiones, especialmente aquellos que transportan arena hacia Vaca Muerta. Sin embargo, proponen diferentes mecanismos de cobro, administración y destino de los recursos.

Sobre la mesa estarán el proyecto enviado por el gobernador Sergio Ziliotto, la propuesta del diputado radical Hipólito “Poli” Altolaguirre y la iniciativa de los legisladores del Frejupa Espartaco Marín, Marcela Páez y León Nicanoff.

Según fuentes legislativas, buena parte de la discusión podría concentrarse en quién administrará la recaudación y qué criterios se utilizarán para definir quiénes deben pagar. Este último aspecto abre un interrogante jurídico sobre las diferencias de trato según la radicación del vehículo, el tipo de carga o el daño que genera sobre la infraestructura.

El problema tiene una dimensión concreta. De acuerdo con datos oficiales difundidos por Diario Textual, algunos corredores pampeanos reciben entre 800 y 1.200 camiones diarios, mientras que en la ruta provincial 1 el tránsito se multiplicó respecto de los niveles anteriores.

Ese movimiento pone presión sobre una red que también utilizan vecinos, productores, transportistas locales y servicios de pasajeros. Los proyectos apuntan a conseguir fondos para afrontar ese deterioro, aunque cada uno plantea una respuesta distinta.

La propuesta del Ejecutivo, denominada “Administración del cobro de peaje en rutas provinciales”, busca complementar una facultad que la Dirección Provincial de Vialidad ya tiene reconocida por el Decreto-Ley 577/58.

Su esquema establece que, una vez descontados los gastos operativos del cobro, el 90% de los recursos se destinaría al Fondo Provincial Vial y el 10% restante a municipalidades y comisiones de fomento, para el mantenimiento de los caminos vecinales.

La administración quedaría a cargo del “Fideicomiso Rutas Pampeanas”, bajo la órbita de Fiduciaria La Pampa S.A.P.E.M. Vialidad conservaría la responsabilidad sobre la construcción, reparación y mantenimiento de las rutas, además del control de cargas. El Ejecutivo también propone incorporar modalidades de cobro remoto.

La creación del fideicomiso ya generó diferencias políticas. Altolaguirre manifestó que no comparte la necesidad de sumar una estructura fiduciaria, porque considera que la administración podría quedar directamente en manos de Vialidad Provincial.

En cuanto al alcance del cobro, el proyecto oficial exceptúa a los vehículos radicados tributariamente en La Pampa, a los de emergencia, a los oficiales afectados a funciones públicas y a las unidades de transporte público interurbano de pasajeros. Para los vehículos no radicados en la provincia, la obligación de pago estaría vinculada con el impacto de su peso sobre la vida útil de las rutas.

La iniciativa de Altolaguirre propone crear el “Régimen de Contribución por Uso de Infraestructura Vial y Control de Cargas”. En este caso, Vialidad sería la autoridad de aplicación y tendría facultades para administrar, recaudar y fiscalizar el sistema.

El proyecto radical prevé, en una primera etapa, dos puntos de cobro: uno sobre la ruta provincial 1, entre la ruta nacional 5 y la provincial 14; y otro sobre la ruta provincial 18, entre la nacional 35 y la provincial 9.

Además, incorpora pesaje obligatorio, balanzas dinámicas y tecnología como TelePASE. Para determinar la tarifa, toma como referencia el precio de un litro de gasoil grado 3 de YPF en Santa Rosa.

Los vehículos radicados en La Pampa que estén al día con el impuesto correspondiente quedarían exentos. A su vez, el transporte de cargas con origen y destino dentro de la provincia podría acceder a una bonificación del 40%, acreditando esa condición mediante la Carta de Porte Electrónica.

La recaudación se dirigiría al Fondo de Mantenimiento Vial Estratégico, destinado a bacheo, repavimentación, señalización, seguridad vial y equipamiento de control.

Por su parte, la propuesta de Marín, Páez y Nicanoff, denominada “Peaje petrolero y autovía”, concentra el cobro en una actividad específica: el transporte de arena hacia Vaca Muerta.

Plantea una contribución especial para esos camiones, con excepciones para los vehículos particulares y el transporte vinculado con la producción pampeana patentado en la provincia. Los recursos tendrían dos destinos: mantener y reparar la red vial provincial y construir una autovía en los corredores donde se concentra ese tránsito.

Marín sostuvo que el sistema debería pensarse para un escenario de unos 1.000 camiones diarios durante 15 años. También expresó públicamente que las empresas petroleras podrían afrontar un peaje del orden de los 10 dólares por camión, aunque mencionó alternativas de uno, dos o tres dólares. Esos valores forman parte de sus planteos públicos y no constituyen una tarifa aprobada.

Además de resolver las diferencias administrativas, los diputados deberán examinar cómo se fundamentará la obligación de pago. El interrogante es si las distinciones propuestas responden al uso y al desgaste de las rutas o si podrían ser cuestionadas como un gravamen sobre el tránsito entre provincias.

El antecedente “Estado Nacional c/ Arenera El Libertador” aporta un criterio relevante: la Corte Suprema avaló el peaje asociado al uso de infraestructura y distinguió ese mecanismo de un pago exigido únicamente por el paso. Ese fallo, referido a una vía navegable, constituye una referencia general y no una resolución sobre los proyectos pampeanos. Referencia sobre el fallo.

Por eso, uno de los desafíos del tratamiento legislativo será precisar qué situación dará origen al cobro y cómo se relacionará con el uso de la infraestructura. También deberá evaluarse la justificación de las exenciones y del tratamiento diferenciado según la radicación o la carga transportada.

La existencia de esos interrogantes no supone que las iniciativas hayan sido declaradas inconstitucionales. Se trata de cuestiones que formarán parte del análisis antes de definir el texto de una eventual ley.

El trabajo en comisión permitirá conocer si los tres proyectos pueden confluir en una propuesta común o si alguno será tomado como base. Por ahora, el cobro continúa en discusión: no hay en la información presentada una tarifa definitiva ni una fecha de puesta en marcha.

Para quienes transitan a diario por las rutas pampeanas, el resultado del debate tendrá una consecuencia cercana: cómo se financiarán las reparaciones, qué controles acompañarán al sistema y de qué manera los recursos recaudados se convertirán en mejoras en los caminos.