.jpeg)
Reforma de la Ley de Glaciares: el oficialismo logró aprobar un proyecto clave tras una maratónica sesión en Diputados
- Nacionales
- hace 2 horas
- 3 Min. de lectura
Tras más de 11 horas de debate intenso y en un clima de fuerte tensión política, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares, impulsada por el oficialismo de Javier Milei. La sesión tuvo un condimento particular: la presencia de Karina Milei, quien siguió el desarrollo desde uno de los balcones del recinto.
La iniciativa fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una votación que reflejó la fuerte división política en torno a un tema de alto impacto ambiental, económico y federal.
Una reforma con amplio respaldo político
El proyecto fue impulsado por el bloque de La Libertad Avanza y contó con el acompañamiento de fuerzas como el PRO, la UCR, Innovación Federal y otros espacios provinciales. Incluso, el oficialismo logró sumar votos provenientes de sectores de Unión por la Patria, lo que terminó inclinando la balanza a su favor.
La reforma redefine los alcances de la protección de los glaciares y zonas periglaciares, al tiempo que flexibiliza condiciones para el desarrollo de actividades productivas, especialmente vinculadas a la minería.
Entre los argumentos centrales del oficialismo, se destacó la necesidad de “armonizar” el cuidado ambiental con el crecimiento económico y la generación de inversiones en el interior del país.
Fuerte rechazo de la oposición
Desde sectores opositores, en cambio, el rechazo fue contundente. La mayoría de Unión por la Patria, junto a legisladores de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros bloques, votaron en contra de la iniciativa.
La diputada Adriana Serquis advirtió que el proyecto se basa en “datos no científicos” y alertó sobre una posible “regresión ambiental”. En la misma línea, el jefe del bloque opositor, Germán Martínez, sostuvo que su espacio defiende tanto el desarrollo productivo como la protección del ambiente.
Por su parte, el diputado Miguel Pichetto cuestionó la reforma por considerar que debilita el rol del Estado nacional en el control de los recursos naturales, al transferir facultades a las provincias.
Debate cruzado y clima caliente
La sesión no solo estuvo marcada por la discusión del proyecto, sino también por múltiples intentos fallidos de la oposición para incorporar otros temas al debate, como:
El retiro de acreditaciones a medios de comunicación.
La postura internacional de Argentina ante conflictos globales.
La posible interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Ninguna de estas mociones logró reunir los votos necesarios.
Además, hubo fuertes cruces discursivos entre oficialismo y oposición, con acusaciones de “desinformación”, “regresividad ambiental” y “entrega de recursos estratégicos”.
El eje del conflicto: ambiente vs. desarrollo
Uno de los puntos más sensibles del debate giró en torno al equilibrio entre protección ambiental y desarrollo económico.
Desde el oficialismo se defendió la posibilidad de habilitar estudios más detallados en zonas periglaciares para permitir inversiones donde no exista función hídrica comprobada.
Sin embargo, críticos del proyecto alertaron sobre el riesgo de afectar reservas clave de agua dulce. Según se remarcó en el recinto, una pequeña porción de glaciares abastece a millones de personas en el país.
El diputado Máximo Kirchner sintetizó esa postura al cuestionar si era necesario avanzar sobre estas áreas cuando existen otros territorios disponibles para la producción.
Un escenario abierto a futuras controversias
La aprobación de la reforma no cierra el debate. Por el contrario, desde distintos sectores ya anticipan posibles judicializaciones y conflictos interjurisdiccionales.
Mientras el Gobierno celebra la sanción como un paso hacia el crecimiento económico y la atracción de inversiones, organizaciones ambientales y parte de la oposición advierten que la medida podría significar un retroceso en la protección de recursos naturales estratégicos.
El impacto real de la nueva normativa comenzará a medirse en los próximos meses, en un escenario donde la discusión entre desarrollo y ambiente promete seguir en el centro de la agenda nacional.
