Sin apoyo político ni social, naufraga el intento del PRO-MID de derogar la ley de cierre dominical en La Pampa

El proyecto de ley presentado por diputados del bloque PRO-MID para eliminar el cierre dominical de comercios en La Pampa —una normativa vigente desde 2013 que impide la apertura de supermercados los domingos— se enfrenta a un rechazo casi unánime tanto dentro como fuera de la Legislatura. La iniciativa, que en un principio fue impulsada como una supuesta herramienta para “garantizar el desarrollo del comercio”, quedó rápidamente aislada por la falta de apoyo de cámaras empresariales, gremios e incluso de legisladores que integran el propio bloque promotor.

Amplio rechazo político y social

La diputada piquense Noelia Viara, una de las firmantes del proyecto, admitió públicamente que la iniciativa “no va a prosperar”. En declaraciones radiales, explicó que no solo varios legisladores del radicalismo manifestaron su desacuerdo, sino que incluso dentro del PRO hay posiciones encontradas. “En Pico estamos acostumbrados a que no se abra los domingos. No es un proyecto que necesitemos los piquenses”, dijo. “No hace la diferencia abrir un domingo ni para el trabajador ni para el dueño del supermercado”, sostuvo, y recordó que en su ciudad natal el cierre dominical fue una conquista impulsada incluso por empresarios locales.

En términos legislativos, la propuesta no tiene los votos necesarios para avanzar. El bloque del peronismo —que cuenta con figuras como Daniel Lovera, referente sindical nacional del gremio mercantil— ya anticipó su rechazo. Lo mismo ocurre con una parte significativa del radicalismo, lo que hace inviable su tratamiento y aprobación.

Cámaras de comercio y gremios, en contra

Desde el sector comercial, la posición también es clara. Roberto Nevares, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Santa Rosa, afirmó que la ley del cierre dominical “es buena, sobre todo para el pequeño y mediano comerciante”, y confirmó que la Cámara no fue consultada sobre el proyecto. Además, negó rotundamente la posibilidad de permitir que las grandes cadenas abran los domingos: “De ninguna manera”.

En paralelo, el Centro Empleados de Comercio (CEC) de Santa Rosa, encabezado por Rodrigo Genoni, fue categórico al rebatir los fundamentos del PRO. El gremio recordó que la Ley 2717 fue el resultado de un consenso amplio que incluyó a trabajadores, sindicatos, cámaras empresariales y dirigentes políticos de diferentes partidos. La normativa, sostienen, nació del diálogo y con el objetivo de lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la calidad de vida de los trabajadores.

Argumentos en defensa de la Ley 2717

Desde el CEC destacaron dos pilares fundamentales de la ley:

1. El objetivo económico: proteger al pequeño y mediano comerciante, especialmente en localidades del interior, donde el domingo es un día clave para ventas de cercanía.

2. El objetivo social: garantizar a los trabajadores al menos un día completo de descanso junto a sus familias, algo que antes de 2013 era prácticamente imposible.

Genoni también desmintió los argumentos económicos esgrimidos por los legisladores del PRO, quienes afirmaban que la ley perjudicó la recaudación y provocó pérdida de empleos. “Los supermercados no pagaban horas extras ni contrataban personal adicional. El descanso quedaba librado al mercado, sin criterios de equidad ni cuidado”, indicó. Además, aseguró que el adicional dominical fue reemplazado por un plus por zona, más alto y más justo, sin afectar los ingresos de los trabajadores.

“No se trata de ajustar derechos, sino de ampliarlos”

El debate excede lo económico. Genoni alertó sobre el riesgo de avanzar en una “naturalización” del recorte de derechos laborales bajo el discurso de la eficiencia o la competitividad. “El trabajador que hoy tiene un salario digno, que puede descansar un día a la semana con su familia, no es parte de una casta. Ha logrado una conquista que debe servirnos de ejemplo, no de resentimiento”, expresó. “Si empezamos a ponerle precio al descanso, mañana vamos a estar dispuestos a negociar las vacaciones, los días por duelo o enfermedad. ¿Qué nos queda como sociedad si empezamos a intercambiar dignidad por necesidad?”, reflexionó.

Desde el gremio, invitaron a los legisladores a retomar la discusión, pero con todos los actores involucrados y desde una mirada empática. “Legislar no es imponer. Es construir colectivamente un futuro más justo”, sentenciaron.

Conclusión

A más de una década de su sanción, la Ley 2717 se sostiene con una legitimidad política y social que parece inquebrantable. El intento del PRO-MID de derogarla naufragó antes de llegar al recinto: sin consenso, sin diagnóstico y, sobre todo, sin respaldo. Lejos de tratarse de una “modernización” normativa, el proyecto dejó en evidencia lo difícil que es avanzar sobre una conquista social cuando la sociedad ya la ha hecho propia.