Vivió en Winifreda, luego en Santa Rosa, se mudo a Victorica y cuando quiso volver no pudo
- La Pampa
- 24 jul
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Actualizado: 25 jul
Una mujer pampeana denunció una compleja situación habitacional tras un acuerdo de intercambio de viviendas avalado por el IPAV. Hoy se encuentra sin techo y exige respuestas.
Yanela Stortini, madre de cuatro hijos y desempleada, atraviesa un duro momento luego de perder su vivienda en Santa Rosa por una deuda que —según afirma— no le corresponde. Su historia, que involucra cambios de residencia entre Winifreda, Santa Rosa y Victorica, pone el foco sobre las fallas en los mecanismos de control y acompañamiento del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV).
Stortini explicó que años atrás vivía en una vivienda del IPAV en el barrio Nelson Mandela de la capital pampeana, la cual obtuvo luego de haber residido previamente en Winifreda. Con la intención de mudarse a Victorica, gestionó —junto a otra beneficiaria— un intercambio de viviendas que, según asegura, contaba con el aval del IPAV.
“Me dijeron que en marzo se firmaba todo, pero yo me mudé en enero. Apenas llegué a Victorica vi que la casa no estaba en condiciones: no tenía agua ni estaba habitable. Por eso quise dar marcha atrás con el acuerdo y lo notifiqué al IPAV”, relató en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli.
La sorpresa llegó cuando intentó recuperar su casa original en Santa Rosa. El organismo provincial se la negó, argumentando una deuda de cinco cuotas. “Esas cuotas las debía la otra persona, Leticia Romero. Yo siempre pagué lo que me correspondía. Sin embargo, a mí me desalojaron y ella se quedó en mi casa”, aseguró indignada.
Desde entonces, Yanela se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Ha pasado por distintas localidades —Toay, Winifreda—, alquilando temporalmente y hasta durmiendo en la terminal de ómnibus, sin encontrar una solución definitiva.
“Lo único que quiero es recuperar mi casa. No pido que me regalen nada, pero esta situación es tremendamente injusta. Perdí mi trabajo y me dejaron en la calle por un error que no cometí”, concluyó.
El caso expone no solo la fragilidad de las personas que dependen de planes habitacionales, sino también la necesidad de revisar los procedimientos que permiten y regulan el intercambio de viviendas públicas, para evitar que más familias se vean desamparadas.
