Zona Fría: una victoria para Milei, una oposición dividida y un costo político que llegará con las facturas

La reforma aprobada por el Senado expuso la capacidad del Gobierno para reunir aliados y las dificultades opositoras para frenar su agenda. En La Pampa, las distintas posiciones de sus representantes abren una discusión que atraviesa los partidos: cuánto pesa la defensa provincial cuando se vota una medida nacional.

El Gobierno nacional consiguió este jueves 24 de septiembre una victoria que va más allá de los subsidios al gas. Con 38 votos a favor y 8 en contra, el Senado sancionó la reforma del Régimen de Zona Fría y volvió a mostrar que el oficialismo puede construir mayorías aun en asuntos que generan resistencias entre sus aliados. La retirada de buena parte de la oposición, que intentó dejar al cuerpo sin quórum, no alcanzó para impedir la aprobación.

Pero el resultado parlamentario apenas abre la discusión política. Una cosa es reunir votos en el Congreso y otra, sostener ante los usuarios las consecuencias de lo aprobado. Cuando una decisión modifica el costo de calefaccionar una vivienda, el debate termina entrando en cada casa.

Para Javier Milei, la sanción fortalece su programa de reducción de subsidios y su capacidad de negociación. Para la oposición, deja una derrota y una pregunta incómoda sobre la eficacia de sus estrategias. Para las provincias, vuelve a poner en tensión la relación entre las prioridades nacionales y las necesidades de sus habitantes.

El argumento oficial merece ser explicado. En los fundamentos de la iniciativa, el Ejecutivo sostuvo que el régimen ampliado había incrementado sus costos y que los recursos del fondo resultaban insuficientes. Propuso concentrar la asistencia y modificar su financiamiento. La controversia está en cómo se distribuye ese esfuerzo y qué protección conserva cada hogar.

Porque el frío tiene una particularidad que las discusiones presupuestarias suelen dejar en segundo plano: obliga a consumir. Una familia puede ajustar determinados gastos, pero reducir la calefacción durante el invierno tiene límites concretos. La edad de quienes viven en la casa, su estado de salud y las condiciones de la vivienda también cuentan.

La defensa política de la reforma deberá responder a esas realidades. Invocar el equilibrio fiscal puede explicar un objetivo económico; no alcanza, por sí solo, para demostrar que cada recorte está bien diseñado.

También conviene precisar el alcance de lo aprobado. La reforma conserva la cobertura territorial general para la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras restringe el esquema ampliado en 2021. En las áreas alcanzadas por ese recorte se prevé una asistencia focalizada, sujeta a requisitos. Por eso, perder el descuento territorial automático no significa necesariamente quedar excluido de cualquier ayuda energética.

Esa diferencia es relevante para informar con rigor, aunque no elimina el problema político: pasar de un beneficio territorial a uno condicionado modifica la previsibilidad con la que las familias organizan sus gastos.

La sesión, además, dejó expuestas las diferencias opositoras. El radicalismo dividió sus votos: hubo senadores que acompañaron al Gobierno y otros que rechazaron la reforma. El PRO respaldó la iniciativa. La posición frente a las tarifas mostró, otra vez, que compartir acuerdos parlamentarios no supone tener una mirada común sobre sus consecuencias provinciales.

La retirada del peronismo merece una lectura igualmente crítica. Intentar impedir el quórum es una herramienta parlamentaria legítima, pero esta vez no logró su objetivo. El oficialismo sostuvo el tratamiento y consiguió la sanción.

De todos modos, sería incorrecto afirmar que las ausencias, por sí solas, explican el resultado. Los 38 votos afirmativos superan la mitad de las 72 bancas del Senado. La presencia de todos los ausentes, aun votando en contra, no habría revertido esa mayoría si los apoyos se mantenían. El fracaso opositor estuvo en no lograr desarmar el respaldo a la reforma.

En La Pampa, el debate tiene nombres propios. Victoria Huala, del PRO, votó a favor. Daniel Kroneberger, de la UCR, permaneció en el recinto y votó en contra. Daniel Bensusán, del peronismo, cuestionó la sanción y advirtió sobre sus consecuencias para las familias. Son conductas diferentes y corresponde analizarlas sin confundir un voto afirmativo, uno negativo y una estrategia de retiro.

Huala deberá defender ante los pampeanos los beneficios que atribuye a la medida. Kroneberger podrá señalar su rechazo, aunque enfrentará el cuestionamiento político de quienes sostienen que debía acompañar el intento de bloquear el tratamiento. El peronismo, a su vez, tendrá que explicar cómo piensa convertir su oposición en una capacidad efectiva para preservar o recuperar protección tarifaria.

Para los usuarios pampeanos hay otra precisión fundamental: La Pampa mantiene su inclusión territorial en el régimen, pero eso no garantiza que el descuento conserve el mismo alcance económico. La reforma cambia la base de la bonificación hacia el precio del gas, dejando fuera los componentes de transporte y distribución. Permanecer dentro del mapa protegido no equivale, entonces, a que todo siga igual en la factura.

El impacto concreto deberá evaluarse con las condiciones de aplicación y los cuadros tarifarios correspondientes. Presentar un porcentaje único de aumento para todos los hogares sería anticipar una uniformidad que no está demostrada.

Hacia 2027, estas posiciones pueden pesar en la discusión electoral. Una alianza puede encontrar coincidencias para competir y, al mismo tiempo, tener diferencias profundas cuando debe decidir quién absorbe el costo de una política económica. Las tarifas tienen la capacidad de volver visibles esas contradicciones.

El Gobierno ganó la votación. La oposición no consiguió frenar la reforma. Ahora comienza una instancia menos controlable que la negociación entre bloques: explicar lo decidido frente a quienes deben pagarlo. Allí, cada factura puede convertirse en una evaluación concreta de la representación política.