Condenan a los responsables de AKSA SAS por 15 estafas: tres años de prisión efectiva y sin dinero para devolver a las víctimas
- La Pampa
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En una audiencia desarrollada este viernes por la mañana en la Ciudad Judicial, los representantes de la constructora AKSA SAS, Luciano Javier Andrada y Daiana Solange Krenz, fueron condenados a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por haber cometido 15 estafas vinculadas a la construcción de viviendas que nunca se concretaron.
La instancia judicial fue encabezada por el juez Carlos Ordás, con la participación del fiscal Guillermo Sancho y del abogado querellante Álvaro Carlos Ruggiero, quien representó a los damnificados.
Anticipos cobrados, casas que nunca se levantaron
Según se expuso en la audiencia, Andrada y Krenz recibieron importantes sumas de dinero en concepto de anticipos para la construcción de viviendas particulares. Sin embargo, las obras jamás fueron ejecutadas, dejando a 15 familias pampeanas sin su casa y sin sus ahorros.
A valores actuales, el perjuicio económico ascendería a cientos de miles de dólares, una cifra que dimensiona el impacto de las maniobras denunciadas. Las víctimas, que confiaron en la firma para concretar el sueño de la vivienda propia, no recibieron contraprestación alguna.
El acuerdo de juicio abreviado y la tensión por la cárcel común
La condena se dictó en el marco de un juicio abreviado, acuerdo que fue aceptado por la defensa. El pacto contempla tres ejes centrales:
Tres años de prisión de cumplimiento efectivo para ambos imputados.
Pago de costas y honorarios del abogado querellante, estimados en 6 millones de pesos, en un plazo de 30 días corridos.
La definición sobre el inicio del cumplimiento efectivo de la pena, que quedará bajo la órbita del Juzgado de Ejecución Penal.
El punto de mayor tensión durante la audiencia fue la modalidad de detención. Actualmente, Andrada y Krenz se encuentran con prisión domiciliaria. El fiscal solicitó el cese inmediato de esa medida de coerción y que queden en libertad condicional hasta que se defina la ejecución de la pena.
Por su parte, el abogado querellante fue contundente: aceptó el acuerdo abreviado, pero reclamó que los condenados sean trasladados de inmediato a una cárcel común. “El cese de la medida de coerción se puede ver modificado en el momento de la ejecución de la pena”, sostuvo el fiscal durante la audiencia.
Finalmente, la Justicia dispuso que los imputados continúen en libertad, aunque con prohibición de contacto y comunicación con los damnificados, hasta que el Juzgado de Ejecución Penal determine el comienzo del cumplimiento efectivo.
El sabor amargo: sin reparación económica
Más allá de la condena penal, el aspecto que dejó mayor preocupación entre las familias estafadas fue el económico. Según confirmó el querellante, los imputados “no disponen del dinero” para devolver los fondos anticipados.
En consecuencia, los damnificados deberán iniciar acciones en el ámbito civil para intentar recuperar lo perdido, un camino que implica nuevos tiempos judiciales y costos adicionales.
El proceso penal avanza hacia su cierre formal con una condena firme y prisión efectiva en el horizonte. Sin embargo, para las 15 familias afectadas, la sentencia no alcanza a reparar el daño económico ni el golpe emocional que significó ver frustrado el proyecto de la casa propia.
