Condenan a una madre por insultos y amenazas a docentes en una escuela de La Pampa

En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el juez contravencional de General Pico, Maximiliano Boga Doyhenard, dictó una sentencia contra una mujer de 36 años tras comprobarse que agredió verbalmente a personal docente dentro de una institución educativa.

La mujer fue declarada autora penalmente responsable de la infracción a los artículos 91 y 92 inciso 2º del Código Contravencional, por insultos agraviantes a personal docente en ocasión de servicio, en concurso ideal con perturbación de la actividad educativa.

La resolución judicial impuso una pena de nueve días multa, equivalente a $173.295, además de una amonestación formal y una serie de medidas restrictivas de contacto para garantizar la protección del personal agredido. En este sentido, la mujer tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de las tres docentes involucradas, así como mantener cualquier tipo de comunicación o contacto con ellas, ya sea de manera directa, a través de redes sociales, mensajería o intermediarios, por el plazo de seis meses.

Asimismo, el juez ordenó que, en caso de que la imputada deba concurrir al establecimiento educativo donde estudia su hijo, deberá abstenerse de ocasionar molestias o perturbaciones hacia las docentes afectadas.

El fallo, fundado en las pruebas presentadas en el acuerdo de juicio abreviado, determinó que la mujer se presentó en la escuela con el propósito de reclamar por un hecho ocurrido el día anterior con su hija. Sin embargo, lejos de mantener un diálogo, comenzó a gritar, maltratar e insultar a la directora, vicedirectora y otras docentes, profiriendo además amenazas que alteraron gravemente el normal desarrollo de las actividades escolares.

“La agresión de la imputada produjo la perturbación de la actividad educativa en esos momentos, por lo que resulta merecedora de reproche contravencional conforme lo sancionan los artículos 91 y 92 inciso 2º del Código Contravencional”, sostuvo el juez en su resolución.

Boga Doyhenard también destacó la necesidad de garantizar la seguridad del personal docente y prevenir hechos similares en el futuro, motivo por el cual aplicó la amonestación y dispuso remitir una copia del fallo a la dirección de la escuela para su conocimiento.

El acuerdo fue presentado por el fiscal contravencional Sebastián Rawson Paz, la imputada y su defensor, Alejandro Piñeiro, y permitió resolver el caso en un marco de reconocimiento de responsabilidad y aplicación de medidas de resguardo hacia las víctimas.

Esta sentencia reafirma la importancia del respeto hacia las y los docentes, y subraya que las conductas agresivas o intimidatorias dentro del ámbito escolar no solo afectan la convivencia institucional, sino que también constituyen infracciones sancionables por la justicia pampeana.