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El Gobierno avanza con la licitación para privatizar el mantenimiento de más de 4.400 km de rutas nacionales

  • Foto del escritor: Nacionales
    Nacionales
  • 28 jul
  • 3 Min. de lectura

La Etapa II de la Red Federal de Concesiones incluye tramos estratégicos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. La medida se da en medio de una fuerte crisis por el deterioro vial y recientes tragedias viales.

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El Gobierno nacional se prepara para lanzar, en los próximos días, el llamado a licitación nacional e internacional correspondiente a la Etapa II de la Red Federal de Concesiones. Este ambicioso plan contempla transferir a empresas privadas el mantenimiento de 4.428 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan algunas de las provincias más transitadas del país: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.


Esta segunda etapa representa un nuevo intento por reducir la participación estatal en el sistema vial, tras el freno generalizado a la obra pública impulsado por la administración de Javier Milei. A este panorama se suma la falta de financiamiento y el intento -paralizado por la Justicia- de desmantelar la Dirección Nacional de Vialidad, organismo clave en la conservación de la red de rutas.


El abandono estatal ya muestra consecuencias trágicas. El sábado pasado, una familia pampeana perdió la vida en un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 151. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, responsabilizó directamente al gobierno nacional por el mal estado de las rutas y la desatención del sistema vial.



Un modelo de concesión que avanza sobre rutas clave

La Red Federal de Concesiones abarca más de 9.150 kilómetros de rutas nacionales, lo que equivale al 20% de toda la red nacional, pero concentra el 80% del tránsito vehicular. El nuevo modelo propone que empresas privadas se hagan cargo de obras de mantenimiento, infraestructura y peaje, bajo un esquema de control estatal y auditoría de inversiones.


Mientras la Etapa I, que cubre dos tramos de la denominada "Ruta del Mercosur", ya fue licitada el mes pasado (aunque su cierre fue prorrogado a septiembre), la Etapa II es considerablemente más compleja y extensa. Abarca ocho corredores viales de uso intensivo, varios de los cuales ya estaban bajo la gestión de Corredores Viales, sumando ahora rutas clave como la 33, 35, 5, 7 y 188.



Los ocho corredores licitados

  1. Tramo Sur: Ruta Nacional 3 (de Cañuelas a Bahía Blanca) y RN 205 (hasta cercanías de Bolívar).

  2. Tramo Atlántico: Ruta Nacional 226 (de Mar del Plata a Bolívar).

  3. Tramo Pampa: Ruta Nacional 5 (de Luján a Santa Rosa) y RN 188 (hasta Realicó).

  4. Tramo Mediterráneo: Ruta Nacional 7 y Ruta Nacional 35.

  5. Tramo Puntano: Ruta Nacional 8 (de Pilar a Villa Mercedes), incluyendo otras rutas provinciales clave.

  6. Tramo Portuario Sur: conexión Campana–Rosario.

  7. Tramo Portuario Norte: conexión desde San Nicolás hacia el interior del país.

  8. Acceso Sur: autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.

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Tecnología y nuevas formas de peaje

La iniciativa contempla una transformación tecnológica profunda, introduciendo el sistema de peaje electrónico Free Flow, que eliminará las barreras físicas para dar paso a un cobro automático, con el objetivo de implementar este modelo de manera plena hacia mediados de 2027.


Las empresas adjudicatarias deberán cumplir con estrictos estándares de mantenimiento, iluminación, señalización, seguridad vial y calidad del servicio, bajo fiscalización estatal. Las obras incluirán rehabilitación de calzadas, mejoras estructurales, obras de puesta en valor y otras intervenciones obligatorias.



Un futuro incierto para la red vial pública

El proyecto se enmarca en un proceso más amplio de descentralización del rol del Estado en materia de infraestructura. Sin embargo, el deterioro visible de las rutas y las recientes tragedias vuelven a poner en debate el impacto de estas políticas y el rol que debe cumplir el Estado en garantizar la seguridad vial.


El avance de esta Etapa II será seguido de cerca por gobiernos provinciales, intendencias, transportistas y usuarios, que reclaman soluciones urgentes frente al creciente deterioro de la red vial argentina.

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