Freno judicial que perjudica a Frigoríficos pampeanos: suspenden por 30 días el ingreso de carne con hueso a la Patagonia

La justicia federal de Tierra del Fuego dictó este lunes una medida cautelar que prohíbe por 30 días el ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado, suspendiendo parcialmente los efectos de la Resolución 460/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que habilitaba dicha operación desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación.

La decisión fue firmada por la jueza Mariel Borruto, del Juzgado Federal de Río Grande, en el marco de un amparo presentado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego, encabezada por Lucila Apolinaire y patrocinada por el abogado José Luis Paños.

El fallo que enfrenta a la justicia con el SENASA

La resolución judicial marca un nuevo giro en el conflictivo debate por la flexibilización de la barrera sanitaria, ya que contradice otros fallos recientes —como el del juez federal de Viedma— que avalaron la normativa del Senasa. En este caso, la jueza Borruto consideró que la medida del organismo nacional “no se ajusta a los hechos reales” y podría provocar consecuencias sanitarias y económicas irreversibles para la región patagónica.

Entre los argumentos más contundentes del fallo se destaca la reciente decisión del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, que suspendió el ingreso de carne y productos de origen animal provenientes de Argentina, al considerar que la habilitación dispuesta por el Senasa afecta el estatus sanitario diferencial de la Patagonia, históricamente reconocida como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.

Además, la jueza mencionó que la Unión Europea habría solicitado inspecciones sanitarias en el territorio argentino a raíz del cambio normativo, lo cual refuerza —según expresó— la gravedad de las consecuencias internacionales.

Un activo estratégico en juego

Para los ganaderos fueguinos, la apertura de la barrera representa una amenaza directa a un activo patrimonial, económico y estratégico que llevó décadas consolidar. En su presentación judicial, la Asociación Rural de Tierra del Fuego advirtió que la medida podría generar:

• Pérdida automática del reconocimiento internacional, con cierre de mercados de exportación.

• Caída de certificaciones sanitarias y contratos vigentes.

• Desvalorización del diferencial sanitario, que actualmente otorga ventajas comerciales clave.

• Pérdida de empleos rurales y urbanos.

• Riesgo sanitario inmediato, con posible ingreso del virus de aftosa a zonas sin vacunación.

En ese sentido, la jueza Borruto sostuvo que “el reconocimiento internacional de la Patagonia constituye un activo estratégico para la economía nacional y regional”, cuya degradación acarrearía un “perjuicio irreparable” no solo para productores, sino también para consumidores.

El rol geográfico de Tierra del Fuego y el paso por Chile

El fallo también tuvo en cuenta la singular situación logística de los ganaderos fueguinos, quienes deben trasladar su hacienda a frigoríficos en Santa Cruz, recorriendo entre 300 y 600 kilómetros, incluyendo el paso por territorio chileno y sorteando dos controles sanitarios internacionales, además de depender de una balsa operada por Chile para cruzar al continente.

Dado este escenario, la jueza alertó que, de no suspender la medida del Senasa, podría darse un “peligro en la demora” que comprometa seriamente la actividad económica regional. De hecho, el cierre sanitario dispuesto por Chile ya ha comenzado a impactar en los traslados y comercialización de carne desde y hacia la provincia.

La postura del Senasa

En su defensa, el Senasa argumentó que la Resolución 460/2025 tiene por objeto “modernizar y aumentar la competitividad del sector pecuario argentino”, y que la Patagonia mantiene su estatus sanitario, por lo que no existirían fundamentos técnicos que justifiquen el amparo.

Afirmaron además que los organismos de Chile y la Unión Europea habían sido debidamente informados y que no se vulneraron derechos constitucionales ni se afectó la producción local.

Sin embargo, la jueza desestimó esa versión y se alineó con los argumentos de las entidades rurales patagónicas, dejando en claro que “la resolución del Senasa se encuentra actualmente produciendo un perjuicio grave”.

Un conflicto sin resolver

La suspensión del ingreso de carne con hueso a la Patagonia por orden judicial reabre el conflicto sanitario y comercial que divide al país desde la firma de la resolución 460. Mientras sectores del norte celebran la medida por su potencial de abaratar precios, en el sur crecen los temores por la pérdida de mercados estratégicos, la baja de precios locales y un eventual retroceso sanitario.

La cautelar dictada por la jueza Borruto rige por 30 días, pero su impacto político, económico y comercial podría extenderse mucho más allá.