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La Justicia avaló el ingreso de carne con hueso a la Patagonia y rechazó el amparo de productores rionegrinos

  • Foto del escritor: La Pampa
    La Pampa
  • 31 jul
  • 3 Min. de lectura

El debate por la flexibilización de la histórica barrera sanitaria al sur del río Colorado sumó en las últimas horas un capítulo judicial clave: el juez federal de Viedma, Hugo Greca, rechazó el pedido de suspensión de la resolución 460/2025 del Senasa, presentado por la Federación de Entidades Rurales de Río Negro, y convalidó la vigencia del ingreso de carne con hueso plano desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación.

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Se trata del primer revés judicial para los ganaderos patagónicos que, tras la implementación de la normativa nacional, habían iniciado acciones legales por considerar que la medida ponía en riesgo el estatus sanitario diferencial de la región, vigente desde hace más de 20 años.



Una batalla legal sin sustento técnico

El fallo, dado a conocer por el diario Río Negro, señala que la entidad ruralista no aportó elementos técnicos suficientes que permitieran suspender la resolución del Senasa mediante una medida cautelar. Para el juez Greca, la presentación careció de la “verosimilitud del derecho invocado” y no logró demostrar arbitrariedad manifiesta en el accionar del organismo sanitario estatal.


El magistrado recordó que, cuando el Estado es parte, la jurisprudencia exige “una mayor rigidez en la apreciación de los recaudos” para aceptar la suspensión de un acto administrativo. En este caso, explicó que los argumentos presentados por la federación se limitaron a invocar perjuicios económicos y riesgos potenciales, sin contradecir con fundamentos técnicos el informe oficial del Senasa.


Dicho informe —citado en el fallo— sostiene que “no existe circulación del virus de fiebre aftosa en el país” y que las adecuaciones al programa sanitario “responden a criterios técnicos, normativos y de integración comercial”, en línea con las actualizaciones del Código Sanitario de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).



Argumentos y rechazo

Los ruralistas habían solicitado la suspensión provisoria de la resolución 460/2025 hasta que se resolviera el recurso administrativo en trámite ante el propio Senasa. Entre sus argumentos, alegaron:


  • Que la resolución interfiere con una ley nacional, y por tanto sería inconstitucional.

  • Que el ingreso de carne desde zonas con vacunación “sin control ni restricción” podría poner en riesgo la sanidad de las zonas libres sin vacunación.

  • Que no se respetaron instancias de consulta pública previas a la implementación de la medida.


Sin embargo, Greca desestimó estos planteos y remarcó que los elementos presentados por la federación no lograron revertir la presunción de legitimidad que ampara los actos del Estado. A su vez, sostuvo que “la medida no presenta al menos en forma aparente una arbitrariedad que permita declarar la suspensión”.

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Impacto comercial y caída de precios

Desde su entrada en vigencia a fines de junio, la resolución del Senasa habilitó el ingreso de cortes con hueso plano —asado, costilla y esternón— a la Patagonia, lo que derivó en una baja significativa del precio del asado en carnicerías de Neuquén y Río Negro. En paralelo, surgieron cuestionamientos de sectores ganaderos del sur que aseguraron haber perdido competitividad y advirtieron sobre el riesgo de perder mercados internacionales como Chile, Japón e Israel.



Un fallo que marca tendencia

Con este fallo, la Justicia respalda por primera vez la legalidad y validez técnica de la flexibilización sanitaria impulsada por el Gobierno nacional. Aunque aún podrían presentarse nuevas acciones judiciales por parte de otras entidades o en otras jurisdicciones, la decisión del juez Greca sienta un precedente clave en la disputa por el control sanitario de la carne que cruza al sur del país.


Mientras tanto, las carnicerías patagónicas ya ofrecen cortes con hueso provenientes de La Pampa y otras regiones del norte, y el debate continúa entre quienes celebran el abaratamiento del producto y quienes sostienen que la medida vulnera décadas de esfuerzo sanitario y comercial del sur argentino.

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