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La Pampa pidió frenar la quita de regalías de Los Nihuiles y llevó el reclamo a la Justicia
Por decisión de Sergio Ziliotto, la Provincia presentó una medida cautelar para suspender los artículos del decreto presidencial que otorgan a Mendoza la totalidad de esos recursos. El planteo sostiene que Nación modificó unilateralmente un acuerdo entre las tres jurisdicciones y advierte sobre consecuencias de difícil reparación.
La Pampa concretó la respuesta judicial que había anticipado tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar su participación en las regalías del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. Por instrucción del gobernador Sergio Ziliotto, la Provincia interpuso una medida cautelar autónoma contra el Estado nacional, con el objetivo de mantener provisoriamente el reparto de esos ingresos mientras la Justicia resuelve el conflicto de fondo.
La presentación solicita la suspensión inmediata de los efectos de los artículos 3° y 4° del Decreto 982/2026, publicado en el Boletín Oficial el 11 de septiembre. Esa norma dejó sin efecto el régimen vigente desde 1973 y dispuso que Mendoza perciba la totalidad de las regalías generadas por el complejo.
El pedido busca impedir que el cambio se aplique y produzca consecuencias económicas e institucionales antes de que exista una resolución definitiva. La presentación de la cautelar no significa que el decreto ya haya sido suspendido: esa decisión debe tomarla la Justicia.
Uno de los argumentos centrales de La Pampa es que su derecho a cobrar las regalías no depende únicamente del Decreto 1560/73. La Provincia también lo fundamenta en el convenio celebrado en 1992 entre el Estado nacional, Mendoza y La Pampa, que fue homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según sostiene el planteo pampeano, en aquel acuerdo las tres partes asumieron expresamente obligaciones vinculadas con el pago de regalías hidroeléctricas a favor de La Pampa. Por esa razón, entiende que ninguna de ellas puede cambiar por su cuenta los compromisos asumidos.
La distinción es clave para el reclamo: la Provincia señala que Nación participó de ese convenio como una de las jurisdicciones firmantes, no como una autoridad jerárquicamente superior a las provincias. Desde esa interpretación, un decreto presidencial no puede dejar sin efecto unilateralmente las obligaciones acordadas.
El Gobierno pampeano considera que la medida afecta las autonomías provinciales, la buena fe y la seguridad jurídica. También sostiene que vulnera el llamado federalismo de concertación, es decir, la construcción de acuerdos entre Nación y provincias para resolver asuntos que comparten.
A ese cuestionamiento institucional se suma el económico. La presentación advierte que la eliminación de las regalías perjudica las cuentas provinciales y lesiona lo que La Pampa considera un derecho patrimonial adquirido y ejercido durante décadas.
El reclamo incorpora, además, un antecedente judicial reciente. Según informó la Provincia, la validez del régimen establecido por el Decreto 1560/73 ya se encuentra sometida a consideración de la Corte Suprema, en una causa iniciada por Mendoza contra el Estado nacional.
En ese expediente, fue el propio Estado nacional quien solicitó que La Pampa fuera citada, por estar directamente alcanzada por la controversia. La Corte admitió esa intervención el pasado 27 de agosto.
La Provincia subraya que, apenas catorce días después de aquella decisión, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto que modificó hacia adelante el reparto cuya validez está siendo discutida judicialmente. Esa secuencia ocupa un lugar relevante en su argumentación: mientras el máximo tribunal incorporaba a La Pampa al proceso, Nación avanzaba con un cambio sobre los recursos en disputa.
La cautelar también apunta a las futuras concesiones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. El Gobierno provincial busca evitar que el nuevo reparto quede incorporado a esas condiciones y genere situaciones que luego resulten difíciles de revertir.
Por eso, el pedido propone conservar temporalmente la distribución anterior. La intención es que el transcurso del proceso judicial no termine consolidando el esquema cuestionado antes de que se determine si corresponde modificarlo.
Con esta presentación, La Pampa pasó del anuncio de una respuesta judicial a una acción concreta. Ahora espera que la Justicia se pronuncie sobre la protección provisoria solicitada, mientras continúa la discusión por el alcance de los acuerdos firmados y el derecho provincial a participar de las regalías del Atuel.
