La protesta de clínicas contra el PAMI se extiende a todo el país: suspenden la atención durante dos días

La medida comenzó esta semana en La Pampa y otras provincias patagónicas, pero ahora adquiere alcance nacional. Clínicas, sanatorios y hospitales privados denuncian que los aranceles aumentaron muy por debajo de la inflación y advierten que está en riesgo la continuidad de los servicios destinados a jubilados y pensionados.

El conflicto entre los prestadores privados de salud y el PAMI ingresó en una etapa todavía más delicada. Después de la suspensión realizada en La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, las principales cámaras que agrupan a clínicas, sanatorios y hospitales privados del país anunciaron una nueva medida de fuerza para este jueves 27 y viernes 28 de agosto.

Durante ambas jornadas, los establecimientos interrumpirán la atención a los afiliados de la obra social de los jubilados, en una suerte de paro nacional convocado para visibilizar lo que el sector describe como una situación de “extrema fragilidad financiera”.

La protesta representa una escalada del reclamo iniciado en la Patagonia, donde los prestadores ya habían advertido sobre la imposibilidad de continuar brindando servicios con aranceles que, según denunciaron, se encuentran muy por debajo del aumento registrado en medicamentos, insumos, salarios, servicios y mantenimiento de equipos.

Ahora, el planteo se extiende a todo el territorio argentino y pone nuevamente en el centro de la escena la atención de millones de jubilados y pensionados que dependen del PAMI para acceder a consultas, estudios, internaciones y tratamientos.

Una carta que encendió las alarmas

Las entidades que representan al sector formalizaron su reclamo mediante una dura carta enviada el pasado 20 de agosto al director de la obra social nacional. En el documento alertaron que el deterioro sostenido del financiamiento está afectando la capacidad real de las instituciones para garantizar la atención de las personas mayores.

Los prestadores sostienen que el problema dejó de ser una dificultad transitoria y se convirtió en una crisis estructural. La falta de actualización de los valores, remarcaron, amenaza con provocar una parálisis de los servicios y pone en riesgo el cumplimiento del mandato histórico establecido por la Ley 19.032, que dio origen al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Según señalaron, las clínicas y los sanatorios llevan meses reclamando una recomposición que permita, al menos, acompañar el aumento de los costos. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no recibieron respuestas capaces de revertir el profundo deterioro económico.

Una brecha que asfixia a los prestadores

El eje central del conflicto se encuentra en la diferencia entre la inflación acumulada y las actualizaciones reconocidas por el PAMI.

De acuerdo con los datos difundidos por las cámaras, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba del 241%. Durante ese mismo período, la cápita que la obra social abona a los establecimientos privados se incrementó solamente un 110,55%.

Los prestadores estiman que esta evolución provocó una brecha negativa acumulada cercana al 132% frente al aumento general de los precios. En términos concretos, denuncian que los recursos que reciben ya no alcanzan para sostener la estructura necesaria para brindar diariamente las prestaciones.

Desde el sector hablan de una “asfixia operativa sin precedentes”. La expresión resume una realidad que se refleja en el costo creciente de medicamentos, materiales

descartables, tecnología médica, energía, servicios, mantenimiento y salarios del personal profesional y administrativo.

Las instituciones aseguran que continuaron atendiendo pese al retraso arancelario, pero advierten que esa capacidad llegó a un límite. El planteo es que los establecimientos no pueden convertirse, en los hechos, en quienes financien con sus propios recursos el funcionamiento del sistema.

El contraste con las empresas de medicina prepaga

La crisis se vuelve todavía más evidente cuando se compara la evolución de los aranceles del PAMI con los incrementos aplicados por otros actores del sistema privado de salud.

Mientras los valores destinados a la atención de jubilados aumentaron un 110,55% entre diciembre de 2023 y julio de 2026, las empresas de medicina prepaga recibieron autorizaciones para elevar sus cuotas un 268,51% durante el mismo período.

De esta manera, las cuotas de las prepagas incluso superaron el 241% de inflación acumulada, mientras que los ingresos reconocidos a los prestadores por atender a los afiliados del PAMI quedaron ampliamente rezagados.

Para las cámaras, esta diferencia demuestra que el problema no está solamente vinculado con la inflación, sino con una política de financiamiento que fue debilitando de manera progresiva la atención destinada a las personas mayores.

De la Patagonia a una protesta nacional

La medida de este jueves y viernes tiene como antecedente directo la interrupción de la atención realizada esta semana por establecimientos de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

En aquella oportunidad, las instituciones patagónicas denunciaron una pérdida cercana al 75% en el valor real de los aranceles durante los últimos dos años y medio. También alertaron que las dificultades económicas ya estaban generando restricciones en guardias, derivaciones y cirugías programadas.

El conflicto, por lo tanto, no comenzó con el anuncio nacional. La protesta de estas dos jornadas amplifica un reclamo que venía acumulándose en distintas regiones y que ahora encuentra una expresión conjunta en todo el país.

Los prestadores reconocen el fuerte impacto que una suspensión de estas características puede tener sobre los jubilados y sus familias. Sin embargo, sostienen que la medida busca evitar una consecuencia todavía más grave: el deterioro definitivo o la interrupción permanente de los servicios.

La atención de los jubilados, en el centro del conflicto

Mientras se cumple el paro, la principal preocupación está puesta en los afiliados del PAMI, especialmente en quienes necesitan realizar consultas, controles, estudios o tratamientos durante estas jornadas.

Las cámaras reclamaron una respuesta urgente de la obra social y de las autoridades nacionales para recomponer los aranceles y garantizar la continuidad de la atención. También advirtieron que, si no se modifica el actual esquema de financiamiento, las restricciones podrían profundizarse.

El reclamo que comenzó en la Patagonia ya se convirtió en un conflicto nacional. Detrás de las cifras, las cartas y las negociaciones aparece una preocupación concreta: que la falta de acuerdo termine afectando de manera directa el acceso a la salud de las personas mayores.

Con dos días de suspensión en todo el país, clínicas, sanatorios y hospitales privados buscan forzar una instancia de diálogo. La advertencia del sector es contundente: sin una recomposición inmediata, sostener con normalidad las prestaciones del PAMI será cada vez más difícil.