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Orden Judicial por demoras en pensión: la Justicia intimó a la ANDIS a resolver en 30 días el caso de un niño pampeano
- La Pampa
- hace 4 horas
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Un fallo judicial volvió a poner en el centro de la escena las demoras administrativas en el acceso a derechos fundamentales. El Juzgado Federal de Santa Rosa hizo lugar a una acción de amparo por mora presentada en favor de un niño pampeano de siete años y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que emita una resolución definitiva en un plazo de 30 días sobre un trámite de pensión no contributiva que lleva más de dos años sin definirse.
La decisión fue adoptada por el juez federal Juan José Baric en el marco de la causa iniciada por la madre del menor, quien denunció la falta de respuesta del organismo estatal pese a haber presentado toda la documentación requerida desde mayo de 2023.
Un trámite que quedó estancado
Según consta en el expediente, el niño cuenta con Certificado Único de Discapacidad y cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente para acceder a una pensión no contributiva por invalidez. Sin embargo, el trámite permaneció durante más de dos años en estado inicial, sin avances sustanciales ni resolución administrativa.
Incluso, la familia realizó una intimación formal mediante carta documento en diciembre de 2025, sin obtener respuesta por parte del organismo.
Desde la Andis, la apoderada Lorena Pérez Bonhet sostuvo que no existía inactividad sino un proceso interno en curso, con verificaciones que no se reflejan en los sistemas públicos por tratarse de información sensible. No obstante, el magistrado rechazó este argumento al considerar que no se aportaron fundamentos concretos ni evidencias verificables que justificaran la extensa demora.
“Una demora injustificada”
En su fallo, Baric fue contundente: calificó la situación como una “mora injustificada” por parte de la administración pública y advirtió que la falta de definiciones vulnera derechos esenciales del niño.
El juez remarcó especialmente el carácter alimentario del beneficio solicitado, subrayando que la ausencia de una respuesta clara mantiene a la familia en un estado de incertidumbre incompatible con la protección de derechos básicos.
“La falta de justificación clara y fundada vulnera los derechos del actor, al mantenerlo en una situación de indefinición”, sostuvo en la resolución.
El contexto: denuncias y cuestionamientos
El fallo se conoce en un contexto particularmente sensible para la Andis, atravesada por denuncias de presuntas coimas y maniobras irregulares que involucran a exfuncionarios del organismo. Estas revelaciones incrementaron el nivel de escrutinio sobre su funcionamiento interno.
En ese escenario, la decisión judicial no solo resuelve un caso puntual, sino que también expone un problema estructural: la dificultad del Estado para dar respuestas en tiempo razonable a situaciones críticas, especialmente cuando están en juego derechos de personas con discapacidad.
Una orden clara
Finalmente, el magistrado ordenó a la Andis que en un plazo de 30 días dicte una resolución definitiva —ya sea otorgando o rechazando la pensión—, además de imponer las costas del proceso al organismo demandado.
El caso deja al descubierto una realidad que atraviesa a muchas familias: la espera prolongada frente a trámites esenciales. Y plantea, una vez más, la necesidad de un Estado ágil, eficiente y sensible ante quienes más lo necesitan.
