Polémica en Eduardo Castex: blindaje político a funcionarios tras la “multa trucha” de $500 mil que nunca existió
- La Pampa
- 24 ago
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La localidad de Eduardo Castex atraviesa un fuerte sacudón político e institucional tras conocerse el caso de Gustavo Gargiulo, un vecino de Laboulaye (Córdoba) que fue multado con medio millón de pesos por una supuesta infracción de tránsito, pese a que nunca estuvo en la ciudad.
El hecho, desestimado por la Justicia Provincial, derivó en un pedido de interpelación a la jueza de Faltas, Natalia Vallejos, y al director de Tránsito y Controles Urbanos, José Luis Braun. Sin embargo, el oficialismo local de Juntos por el Cambio (JxC) utilizó su mayoría para frenar la iniciativa y blindar a los funcionarios.
El caso que desató la tormenta
El 10 de noviembre de 2024, inspectores municipales labraron un acta contra una Mercedes Benz Sprinter acusada de cruzar un semáforo en rojo. El vehículo estaba radicado en Córdoba y su propietario, Gustavo Gargiulo, probó con testigos y documentación que jamás había estado en Castex en esa fecha. Pese a ello, la jueza de Faltas Natalia Vallejos desestimó su descargo y el 26 de marzo emitió una sentencia de multa de 200 unidades fijas —con intereses, equivalentes a unos $500 mil—.
Convencido de la injusticia, Gargiulo apeló al Juzgado Provincial de Faltas. El juez Andrés De Biasi, el 30 de junio, declaró la nulidad de la sanción y absolvió al cordobés, cuestionando duramente a la magistrada local por violar la garantía de defensa en juicio. En su fallo, señaló que la única constancia presentada era “una planilla interna sin valor probatorio” y que el acta carecía de datos identificatorios esenciales del presunto infractor.
Un blindaje con alto costo político
El caso llegó al Concejo Deliberante, donde los concejales del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa) reclamaron la interpelación de Vallejos y Braun para que explicaran públicamente lo sucedido. Pero con seis votos contra dos, Juntos por el Cambio bloqueó la medida.
La edila oficialista Silvina Soncini intentó suavizar la decisión afirmando que “no es una negativa” sino que “debe tratarse en comisión para preparar las preguntas y que los funcionarios estén listos para responder”.
Desde la oposición, el concejal Martín Araya respondió con dureza: “En 20 meses de gestión escuché hasta el hartazgo hablar de eficiencia y transparencia, pero ahora se niegan a que los funcionarios concurran al recinto. Es sorprendente y contradictorio”. Además, recordó que el artículo 42 inciso 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades faculta al CD a convocar a los funcionarios al recinto y señaló que 15 días —tiempo que resta hasta la próxima sesión— es un plazo suficiente para que se organicen.
Araya remarcó que se trata de “una oportunidad para que los vecinos vean que sus problemas importan, que la Casa del Pueblo les abre las puertas y que los funcionarios deben rendir cuentas sobre sus decisiones”.
Demanda civil en camino
Más allá de la puja política, Gargiulo ya instruyó a sus asesores legales para iniciar una demanda civil contra la Municipalidad de Eduardo Castex, reclamando daños y perjuicios por lo que considera un accionar “arbitrario, falaz y malicioso” con fines meramente recaudatorios.
La polémica promete escalar: mientras la Justicia ya desarmó la “multa trucha”, el blindaje político del oficialismo en el Concejo Deliberante no hace más que aumentar el malestar social y el costo institucional de un caso que expone la fragilidad en los controles y la falta de respuestas claras de la gestión local.
