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Insólito caso en Eduardo Castex: multaron a un cordobés que nunca estuvo en la localidad y ahora demandará a la municipalidad

  • Foto del escritor: La Pampa
    La Pampa
  • 12 ago
  • 2 Min. de lectura

Un episodio judicial insólito y sin precedentes en Eduardo Castex podría derivar en una millonaria demanda contra la Municipalidad. Gustavo Gargiulo, un vecino de Laboulaye (Córdoba) que asegura jamás haber pisado la localidad pampeana, fue sancionado con una multa de medio millón de pesos por la jueza de Faltas local, Natalia Vallejos, por una supuesta infracción de tránsito ocurrida el 10 de noviembre de 2024.

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La historia, que combina desconcierto, errores administrativos y cuestionamientos legales, comenzó cuando inspectores municipales labraron un acta contra una Mercedes Benz Sprinter, acusándola de cruzar un semáforo en rojo. Gargiulo recibió días después la notificación en su domicilio cordobés y quedó atónito: esa fecha celebraba el cumpleaños de su hija, acompañado por más de 80 testigos, y su vehículo jamás estuvo en suelo castense.


Pese a sus intentos por demostrar el error —ofreciendo testigos y pruebas de ubicación—, el reclamo fue ignorado. Según su relato, ni los inspectores ni la jueza Vallejos aceptaron escuchar su descargo de forma presencial; desde el municipio le pidieron enviarlo por WhatsApp, trámite que igualmente fue desestimado. El 26 de marzo, Vallejos dictó sentencia aplicándole una sanción de 200 unidades fijas más intereses, cifra que en total superaría los 500 mil pesos.


“Fue un error de ellos y me quieren cobrar una multa de $500 mil”, reclamó el cordobés, convencido de estar frente a una injusticia. Ante la negativa local, contrató asesores legales e interpuso un recurso de apelación que llegó al Juzgado Contravencional.


El 30 de junio, el juez Pablo Andrés De Biasi no solo absolvió a Gargiulo, sino que declaró la nulidad de la sentencia de Vallejos, al considerar que violaba la garantía constitucional de defensa en juicio consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional.


En su resolución, De Biasi advirtió que la única prueba presentada era “una planilla interna sin valor probatorio” y que el acta carecía de datos clave como tipo de vehículo, nombre, DNI, licencia o domicilio del conductor. También cuestionó la fundamentación de la jueza y la indicación errónea de que la sanción podía recurrirse ante un juzgado que ya no existe.


Gargiulo, quien calificó el accionar de Vallejos como “arbitrario, falaz y malicioso” y denunció un uso desvirtuado de la potestad sancionatoria “con fines recaudatorios”, ahora avanza con una demanda civil contra la Municipalidad de Eduardo Castex por daños y perjuicios.


El caso, que ya genera repercusión en la región, podría sentar un precedente sobre la responsabilidad institucional en la aplicación de sanciones y el respeto irrestricto a las garantías constitucionales.

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