Lorena Clara y su repudio a los hechos de violencia institucional
- Winifreda
- 10 jun 2020
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La diputada Lorena Clara, junto al bloque de diputado de la UCR hemos presentado en la legislatura provincial un Proyecto de Resolución por el que repudiamos enérgicamente los hechos de violencia institucional perpetrados por las fuerzas policiales provinciales y federales en diferentes distritos del país y que se han incrementado durante el aislamiento social y preventivo obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID 19.
FUNDAMENTOS
Desde el comienzo de la cuarentena decretada por el Poder Ejecutivo Nacional a consecuencia de la pandemia por el coronavirus, se han suscitado innumerables casos de abusos de las fuerzas policiales tanto provinciales como federales en todo el país. Nuestra provincia no ha estado ajena a este fenómeno y se han presentado varios casos de abusos de autoridad y vejaciones que fueron denunciados, aunque sin llegar a la gravedad de otros casos ocurridos en otros puntos del país.
Entre muchos otros casos, y sin pretender agotar los innumerables hechos de violencia institucional que se han venido suscitando desde el inicio del ASPO, a modo de ejemplo se pueden citar los casos ocurridos en las provincias de Chaco, Tucumán, San Luis y Buenos Aires.
En el sitio web chequeado el día 4 de junio del 2020 se publica la noticia “Violencia policial en cuarentena: radiografía de muertes y denuncias de hostigamiento” la que relata los mismos expresando “La difusión de un video que muestra un violento operativo policial en la localidad de Fontana, provincia de Chaco, volvió a poner en discusión el accionar de las fuerzas de seguridad durante el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno nacional por la emergencia declarada ante el avance del nuevo coronavirus. El video, publicado el 1º de junio último, tiene más de 3 millones de visualizaciones y fue replicado 67 mil veces. Allí se ve cómo un grupo de policías, algunos de ellos de civil, irrumpen en una vivienda y golpean violentamente a sus ocupantes hasta reducirlos y esposarlos. La Secretaría de Derechos Humanos de Chaco indicó que el hecho ocurrió en el barrio Banderas Argentinas, de Fontana, y que los efectivos policiales, pertenecientes a la Comisaría 3ra de esa localidad, entraron “sin orden de allanamiento”, detuvieron a 4 personas y agredieron a una mujer, “tirando balazos con posta de goma y de plomo”.
En tanto, el Ministerio de Seguridad provincial anunció “el inmediato apartamiento de sus funciones” de los policías que intervinieron...”
Este episodio se suma a otros que ocurrieron durante la cuarentena, y que en algunas ocasiones terminaron con la muerte de las víctimas. El caso más reciente es el de Luis Espinoza, un trabajador de 31 años que fue detenido por la policía cuando circulaba por el paraje El Melcho, en Tucumán. Tras permanecer una semana desaparecido su cuerpo fue hallado a 100 kilómetros del lugar de detención, en un acantilado de la provincia de Catamarca. Tenía un disparo en el pecho, que según las pericias salió de un arma policial. Como el de Espinoza, la Justicia investiga otras 2 muertes en San Luis.
Ambos casos ocurrieron a 160 kilómetros de distancia, y tienen características similares. Magalí Morales fue detenida el 5 de abril último en Santa Rosa de Conlara, acusada de violar la cuarentena. Dos días después apareció ahorcada en la celda de la comisaría donde había sido alojada. Unas semanas después, el 24 de abril último, un joven de 16 años que fue demorado porque presuntamente había violado la cuarentena, fue hallado sin vida en una celda de la comisaría de Atención de la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes, aparentemente ahorcado con su propia remera.
En la provincia de Buenos Aires también se encuentran bajo investigación 2 muertes de jóvenes que involucran a policías. La primero de ellas ocurrió el 24 de mayo y tuvo como víctima a Alan Maidana, quien recibió un balazo mortal cuando salía de un cumpleaños con amigos en la localidad de Berazategui. En tanto, el 30 de mayo último en Isla Maciel, partido deAvellaneda, otro agente de la Policía Federal mató de 18 balazos a un joven que aparentemente quiso asaltarlo luego de acordar venderle una consola de videojuegos.
Además de estos casos, durante la cuarentena se registraron varias denuncias de violencia policial en operativos o detenciones producidas en los controles de cumplimiento del aislamiento obligatorio. La Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires informó que patrocina 28 denuncias de violencia institucional ocurridas en territorio porteño entre el 24 de marzo y el 12 de mayo últimos.
Otro caso que cobró notoriedad en los primeros días de la cuarentena fue el de 3 agentes de Gendarmería Nacional que fueron pasados a disponibilidad luego de que se difundiera un video en el que se ve cómo obligan a dos jóvenes de la Villa 1-11-14 a caminar en cuclillas y con las manos en la cabeza por incumplir la cuarentena. En la Provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que en los primeros días de la cuarentena se produjeron 15 hechos de violencia policial “que afectaron al menos a 40 víctimas”. Frente a ello, el organismo le envió una carta al ministrode Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en la que enumera los casos denunciados y le pide “mayor control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y que se investiguen y sancionen estos hechos de torturas o malos tratos”.
Lamentablemente esta es una práctica que se viene repitiendo desde hace tiempo en la Argentina y que las condiciones de aislamiento y de presencia policial en la calle ha profundizado. En este sentido el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, el 10 de noviembre de 2004, en el examen de los informes presentados por los Estados Partes en relación a la Argentina expresa su preocupación por: “las numerosas alegaciones detortura y malos tratos cometidas de manera generalizada y habitual por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto en las provincias como en la capital federal”; “los informes de arrestos y detenciones de niños pordebajo de la edad de responsabilidad penal, la mayoría niños de la calle; y mendigos, en comisarías de policía donde llegan a estar detenidos junto a adultos, y sobre las supuestas torturas y malos tratos padecidos por éstos, que en algunos casos les produjeron la muerte”, “las alegaciones de torturasy malos tratos que padecen otros grupos vulnerables, como por ejemplo los miembros de comunidades indígenas, minorías sexuales y mujeres”; “el hacinamiento y las malas condiciones materiales que prevalecen en los establecimientos penitenciarios, en particular la falta de higiene, de alimentación adecuada y de cuidados médicos apropiados, que podrían equivaler a tratos inhumanos y degradantes”.
A raíz de estos informes recomienda que se adopten todas las medidas necesarias para impedir los actos de tortura y malos tratos que se cometan en el territorio del Estado de la Argentina, y en particular: “
a) Tome medidas enérgicas para eliminar la impunidad de los presuntos responsables de actos de tortura y malos tratos; realice investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas; enjuicie y de ser el caso, condene a los autores de torturas y tratos inhumanos con penasadecuadas, indemnizando adecuadamente a las víctimas;
c) Mejore la calidad y profundice la capacitación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de derechos humanos, específicamente sobre los requisitos de la Convención;
d) Garantice que las obligaciones de la Convención sean siempre acatadas en todas las jurisdicciones provinciales, con el objeto de velar por una aplicación uniforme de la Convención en todo el territorio del Estado Parte; se recuerda al Estado Parte que la responsabilidad internacional del Estado incumbe al Estado nacional aunque las violaciones hayan ocurrido en las jurisdicciones provinciales;
f) Adopte medidas específicas para asegurar la integridad física de los miembros de todos los grupos vulnerables;
h) Adopte medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales en los establecimientos de reclusión, reducir el hacinamiento existente y garantizar debidamente las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad;
l) Tome medidas necesarias para garantizar que las requisas personales respeten plenamente la dignidad y los derechos humanos de toda persona, en pleno cumplimiento con las normas internacionales;
o) Establezca un mecanismo nacional de prevención que tenga competencia para efectuar visitas periódicas a centros de detención federales y provinciales a fin de implementar plenamente el Protocolo Facultativo de la Convención;
p)Establezca y promueva un mecanismo efectivo dentro del sistema penitenciario para recibir e investigar denuncias de violencia sexual y proveer de protección y asistencia psicológica y médica a las víctimas”.
Más cerca en el tiempo, precisamente el 24 de mayo de 2017, el Comité contra la Tortura, presentó las Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de la Argentina. En el mismo, al referirse a la Violencia policial reitera sus preocupaciones expresando que “se muestra preocupado ante informaciones que dan cuenta de patrones de violencia y arbitrariedad por parte de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en el marco de detenciones policiales sin orden judicial, particularmente de jóvenes y menores en situación de marginalidad social, que incluirían detenciones para averiguación de identidad y otras detenciones no vinculadas a conductas delictivas”, por lo que recomienda a nuestro país “a adoptar medidas efectivas para: a) Investigar con prontitud, eficacia e imparcialidad todas las denuncias de homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, hostigamiento y maltrato policial, y velar por que los presuntos autores, así como los superiores jerárquicos que supieran o debieran haber sabido que se estaban cometiendo estos actos, sean enjuiciados, y de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”.
Todos estos actos marcados por una brutalidad policial inusitada como denominador común son intolerables en un estado democrático, en el que las fuerzas policiales tienen el deber de infundir en la sociedad seguridad y no miedo.
Escudarse en la realización de operativos policiales en el marco de la cuarentena obligatoria, no justifica los excesos y apremios que se han cometido en flagrante violación de los derechos humanos, por quienes son servidores públicos en defensa de la ciudadanía.
Por las razones expuestas repudiamos enérgicamente éstos, como todo acto que perpetren las fuerzas policiales que evidencien violencia institucional.
Por estos motivos, solicitamos a los Diputados y Diputadas que acompañen el presente proyecto de resolución
