Preocupación e incertidumbre en La Pampa por el futuro de Vialidad Nacional: trabajadores temen despidos

Los trabajadores de la delegación pampeana de Vialidad Nacional se encuentran en estado de alerta ante el incierto panorama que plantea la disolución del histórico organismo, dispuesto por el decreto 480/2025 del Gobierno nacional. La preocupación crece tras una breve reunión virtual mantenida con el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, en la que quedaron más dudas que certezas sobre el futuro laboral del personal en las provincias.

Durante el encuentro, Campoy explicó que parte del personal podría ser transferido a otras estructuras estatales, como el Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte o incluso nuevas agencias que aún están en proceso de creación. Sin embargo, advirtió que no todos los trabajadores serán reubicados, lo que abre la puerta a posibles despidos. “Se prevé que muchos quedarán fuera del nuevo esquema”, resumió una trabajadora de la delegación pampeana.

Uno de los mayores temores que atraviesa a los empleados es la escasa presencia de organismos nacionales en el interior del país, lo que complica la posibilidad real de reubicación. “Todo lo que se plantea tiene sede en Capital Federal. En las provincias no hay estructuras que puedan absorbernos”, expresaron desde La Pampa.

Según trascendió a través del portal Todo Noticias, la Casa Rosada planea pasar a disponibilidad a toda la planta de la DNV, otorgando un año con goce de sueldo mientras se define su reubicación. Durante ese tiempo, los trabajadores podrían recibir capacitaciones para asumir otras funciones o realizar tareas tercerizadas por el Estado. Para quienes no sean absorbidos por las nuevas estructuras, el Gobierno prevé una indemnización basada en un mes de sueldo por cada año trabajado.

Frente a este escenario de incertidumbre, los seis sindicatos que representan a más de 5.000 trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) decidieron tomar acciones judiciales y legislativas. Con el respaldo del reconocido abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, presentarán un amparo para frenar la disolución del organismo y solicitarán la nulidad absoluta del decreto por considerarlo ilegal y arbitrario.

Los gremios sostienen que el decreto del Ejecutivo vulnera el artículo 76 de la Constitución Nacional, que prohíbe la delegación legislativa salvo casos muy puntuales. Argumentan que un organismo como la DNV, con autarquía y creado por ley, no puede eliminarse mediante un decreto ni por facultades delegadas, como las previstas en la Ley Bases.

Además de la presentación judicial, los sindicatos fueron recibidos por legisladores nacionales y lograron el respaldo para presentar un proyecto de ley que busca derogar el polémico decreto. La iniciativa, firmada por los diputados Esteban Paulón y Mónica Frade, advierte sobre los riesgos y consecuencias negativas que conllevaría la desaparición de la DNV, no solo para los trabajadores, sino también para la seguridad vial de los usuarios.

“El cierre de la DNV significa perder un organismo clave para el desarrollo de la infraestructura del país. Su disolución afectará directamente la gestión y el mantenimiento de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales”, señala el proyecto legislativo, que también cuestiona la capacidad de Gendarmería para reemplazar las funciones técnicas de Vialidad.

El conflicto recién comienza y promete escalar en las próximas semanas. Mientras los trabajadores pampeanos y de todo el país intentan visibilizar la crisis que atraviesan, el Gobierno nacional avanza en su plan de reestructuración, sin brindar aún respuestas claras ni garantías concretas de estabilidad laboral. En medio de la incertidumbre, se reactiva el debate sobre el rol del Estado en la planificación y mantenimiento de obras públicas estratégicas para el desarrollo federal de la Argentina.