Radicales repudian “atentado a la democracia” en Venezuela

Los diputados Francisco Torroba, Agustina García, Muricio Agón, Lorena Clara y Estela Guzmán presentaron un proyecto de resolución para rechazar el accionar del gobierno de Nicolás Maduro.

Expresaron “el más enérgico rechazo a los acontecimientos producidos por el régimen chavista por medio de los cuales se impidió el normal funcionamiento de la Asamblea Legislativa Venozolana y se designó ilegítimamente al Presidente de la misma”

Los y las diputadas pampeanas indicaron que “las fuerzas armadas que responden al chavismo impidieron el acceso a la Asamblea Deliberativa al Presidente a cargo Juan Guaidó y a más de 40 legisladores, logrando de ésta forma la ilegítima designación del Diputado Luis Parra en la Presidencia”.

“Tal actitud deja en claro un nuevo atentado a la democracia Venezolana y un nuevo ataque a las instituciones de aquel país, que no puede ser consentido por ningún país democrático donde reine un estado de derecho que reivindique el respeto absoluto por los derechos humanos”, añaden.

“Actos de semejante afrenta a las instituciones democráticas, no pueden ser perpetrados más que por medio de gobiernos decididamente autoritarios, cuyo único sostén es la fuerza pública y con ella la violación sistemática de los derechos humanos”, enfatizaron los legisladores que integran el partido que fue parte del gobierno de Mauricio Macri, quien fue uno de los primeros en reconocer a Gauidó.

Destacan que “el Informe Bachelet de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos detalla la grave situación que atraviesa Venezuela: torturas, asesinatos, crisis sanitaria y migratoria e inacción del Gobierno ante las denuncias”

“El número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019, acogidas principalmente por Colombia, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y Brasil. Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido asesinadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad”, destacan del informe de la OEA.

Por último afirman que “este nuevo acto autoritario de un gobierno que sólo utiliza la fuerza para llevar adelante sus ideas, necesita ser repudiado por todos los países democráticos, por todos los organismos regionales u organizaciones multilaterales que defienden los Derechos Humanos”. El Diario

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